Siempre se ha dicho que la inestabilidad es un problema político que puede acabar afectando a las materias económicas y sociales. Las situaciones inestables imposibilitan o dificultan a veces para gobernar adecuadamente dirigiendo la política general.

Ya se sabe cuál es la importancia de los partidos políticos para hacer un país estable, expresando el pluralismo político, concurriendo a la formación y manifestación de la voluntad popular y siendo instrumento fundamental para la participación democrática.

Cuando los partidos no contribuyen a la estabilidad de una colectividad, permitiendo regirla o dirigiendo su funcionamiento con autoridad democrática, pueden surgir situaciones que causen tantos daños y perjuicios para todos como los que anda creando el separatismo catalán. Cataluña accedió a su autogobierno y se constituyó en Comunidad Autónoma con arreglo a lo previsto en el texto constitucional y en su Estatuto.

Los Estatutos de Autonomía son la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma y el Estado los reconoce y ampara como parte integrante de su ordenamiento jurídico. Por ahora, el separatismo catalán sigue en sus trece manteniéndose a toda costa fuera de los límites de la Constitución y las leyes.

Los separatistas impiden que la Asamblea Legislativa de Cataluña elija un Presidente que con el Consejo de Gobierno actúe dentro del marco constitucional y estatutario. Lo cierto es que la Comunidad Autónoma catalana no cumple las obligaciones que la Constitución y otras leyes le imponen, actuando de forma que atenta gravemente al interés general. Sería bueno tener más sentido.