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vivienda | el fenómeno de la OCUPACIÓN ILEGAL DE VIVIENDAS se estanca en Sevilla

Okupaciones: Menos casos, más denuncias y situaciones que se enquistan

  • Los bancos con casas vacías van regularizando su situación

  • Crece la demanda de puertas contra los asaltos

  • Los vecinos cada vez alertan antes

El vicepresidente del Consejo de Colegios de Administradores de Fincas aseguró en julio, cuando compareció en la Comisión de Justicia del Congreso que estudia la reforma legal para agilizar la recuperación de viviendas ocupadas ilegalmente, que las denuncias de este tipo se han incrementado en un 43% de 2015 a 2016, sobre todo en zonas costeras. Son datos llamativos que el presidente del Colegio de Sevilla, José Feria, matiza: en el caso de la provincia, el fenómeno se ha estancado. Si se producen más denuncias es porque los vecinos son conscientes de que algo así se puede producir, alertan antes a la Policía y la okupación se evita en bastantes ocasiones. Si se consuma, los dueños están denunciando con más celeridad, incluso los bancos, los grandes propietarios de vivienda vacía en Sevilla.

Según distintas fuentes consultadas, la okupación de viviendas era puntual, pero se disparó en la provincia desde 2008, cuando muchas promotoras quebraron, dejando bloques y urbanizaciones enteras sin vender sobre todo en el entorno de la capital. Nunca antes había ocurrido. Coincidió con el movimiento del 15-M y las corralas. Detrás de algunas okupaciones hubo y hay víctimas de la crisis, que canalizan su situación y no generan problemas de convivencia, más allá de los enganches ilegales a los que recurren. Pero también ha dado paso a otro tipo de okupas y a un fenómeno que se ha convertido, al final, en un modo de chabolismo, que sí genera conflicto con el resto de vecinos, como ocurre con varios edificios en Camas. La preocupación por estos casos ha sido una constante en juntas de seguridad de muchos pueblos y se han tratado en las reuniones de coordinación de policías locales y Guardia Civil con responsables políticos, que se ven desbordados.

Según el presidente de los Administradores de Fincas en Sevilla, en esos primeros años de la crisis, no era fácil ni evitar okupaciones y ni aclarar quién era el propietario de esas urbanizaciones para pedirle que denunciara. Los concursos de acreedores estaban arrancando y la propiedad de las casas no se había adjudicado. Clarificado el proceso, los bancos sí están interponiendo denuncias ahora, por su propio interés, pero también por la creciente presión vecinal y de los ayuntamientos para que lo hagan.

Los problemas más graves se han dado en urbanizaciones del área metropolitana

También se toman más medidas para evitar okupaciones antes de que se consumen, dado que el procedimiento judicial de desalojo suele tardar como mínimo un año. La demanda de sistemas anti-okupas -puertas de acero, delante de la puerta normal que abren hacia fuera- o cámaras se ha disparado. La Empresa Municipal de Vivienda de Sevilla (Emvisesa) ha duplicado el presupuesto que destina al alquiler de estas pantallas. Juan de Dios Parra, gerente de la empresa SIVA (Soluciones Integrales de Vivienda) explica que entre 2016 y 2017 la demanda de estas puertas se ha incrementado en un 30% sólo en Sevilla. Los principales clientes han sido bancos y se han colocado sobre todo en el entorno de la capital. Pero tienen también particulares que las compran o alquilan antes de poner el anuncio de que venden casa o ante noticias de okupaciones cerca.

Un operario coloca una puerta anti-okupas Un operario coloca una puerta anti-okupas

Un operario coloca una puerta anti-okupas

Las fuentes consultadas -policías de distintos municipios, alcaldes, administradores de fincas- apuntan que detrás de algunas ocupaciones hay grupos organizados, que localizan las casas de bancos y facilitan el acceso. Es lo que se investiga en Utrera, donde en los últimos meses se han producido varias okupaciones y se ha evitado más de una decena por la rápida reacción de los vecinos, la Policía Local y la Guardia Civil. En ese momento, se identifica a los autores y se abren diligencias por usurpación de vivienda si hay daños -suelen decir que la hallaron abierta- o por la ley de Seguridad Ciudadana, antes de que haya signos de que hacen vida en la casa, cuando ya todo pasa el juzgado. Los intentos de okupación los han protagonizado vecinos de la comarca o de Sevilla.

En Lora del Río explican que hay un grupo de familias jóvenes, con dificultad para insertarse laboralmente aunque se las intenta ayudar, que desde hace años van ocupando viviendas antes de ser desalojados de otra anterior. Conocen el proceso. Previamente, se informan, buscan viviendas de bancos y calibran la dificultad de ocuparlas. Los problemas con los vecinos se dan por los enganches irregulares. También hay población extranjera que ha ocupado casillas en el campo y el Ayuntamiento intenta regularizar la situación de los bloques con viviendas para profesores, ocupados desde antes de la crisis.

En Villamanrique han tenido un problema grave por un centenar de viviendas okupadas por extranjeros procedentes de países del Este, que llegaban para campañas agrícolas. Es común en esta zona del Aljarafe. El alcalde, José Solís, reconoce que la principal dificultad fue que la propiedad quedó en el limbo hasta que se resolvió concurso de acreedores y el Consistorio no tenía interlocutor para solucionar nada. Algunas sí han sido adjudicadas ya a un banco. Conforme las familias se van, se le avisa para que ponga medidas contra nuevas okupaciones. Villamanrique ha actuado soldando las puertas de hierro de los porches y está pendiente de que el juzgado le autorice a limpiar basura que ha quedado acumulada en el interior. El problema se ha atajado gracias a la implicación del Ayuntamiento y de una asociación de vecinos de la zona. Las familias se han marchado sobre todo después de que se denunciara a una que dejó a dos menores encerrados. Los intentos de mediación con el banco para que las casas se alquilen con precios sociales han quedado en saco roto.

También ha habido okupaciones de barriadas de Almensilla y Carrión, donde una urbanización que quedó a medio vender tras el pinchazo inmobiliario fue ocupada masivamente. La presión policial tras un enfrentamiento entre okupas y vecinos hizo que los primeros abandonaran. En mayor o menor medida, hay viviendas ocupadas en casi todos los municipios metropolitanos.

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