El patrimonio arqueológico que yace bajo el litoral gaditano es uno de los más ricos de España. Por este motivo, la ciudad acoge desde ayer el curso Protección del patrimonio histórico artístico, donde fiscales, arqueólogos, catedráticos y representantes de la administración de todo el país se han dado cita para debatir, entre otros aspectos, sobre el régimen jurídico que regula la protección del patrimonio subacuático.

En este sentido, el director y coordinador del seminario, Ángel Núñez, a su vez fiscal delegado de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de Cádiz, comentó en su intervención a los medios que "es necesario abordar una reforma del Código Penal y la creación de un delito específico de expolios en yacimientos arqueológicos". Hasta el momento, según comentó Núñez, está establecido en el Código Penal el delito de daños al patrimonio arqueológico, así como el de hurto o apropiación indebida, pero hace falta "un tratamiento sistemático en un capítulo único acerca de todas las conductas referentes al patrimonio histórico".

Para el fiscal provincial de Medio Ambiente, uno de los principales cánceres que afecta a la protección del patrimonio sumergido es "la carencia de medios, ya que hasta ahora no se ha hecho demasiado", reconoció. Si bien, "ya han comenzado a realizarse mapas arqueológicos y la Junta de Andalucía tiene previsto la declaración de zonas de reservas arqueológicas. Aunque todo depende de la labor previa de las fuerzas de seguridad del Estado en la vigilancia del patrimonio".

Como fiscal del caso Odyssey, cuyo procedimiento penal se está tramitando desde hace algún tiempo en el juzgado número tres de La Línea, no avanzó demasiados datos. "Está pendiente de algunas comisiones rogatorias, pero aún queda camino por recorrer", aseveró.

Entre los ponentes de la jornada de ayer figuraba, nada menos, que el director del Museo Nacional de Arqueología Marítima y Centro Nacional de Investigaciones Arqueológicas, Rafael Azuar, quien aplaudió la recompensa a tantos años de trabajo en relación al florecimiento "de una cultura de sensibilidad hacia el patrimonio arqueológico". Según Azuar, el problema no se ciñe muchas veces a la falta de legislación, sino "a su aplicación y a la falta de sensibilidad en muchos casos por restos temas. Debemos pensar, igual que ocurre con el medio ambiente, que el patrimonio subacuático es de todos y lo debemos conservar para las generaciones futuras", aseveró.

Como coordinador del grupo de trabajo encargado del Plan Nacional de Protección de Patrimonio Subacuático, señaló que este decálogo -que espera estar listo y aprobado el próximo septiembre- es fundamental a la hora de establecer unos protocolos de actuación que "posibiliten que el patrimonio subacuático disponga de una serie de herramientas de trabajo tanto jurídicas, como de protección, coordinación -entre comunidades o fuerzas con representación en el mar- y de actuación".

Una herramienta que, a su vez, potenciará la protección internacional frente a casos como Odyssey. Si bien, según añadió Azuar, "de alguna manera ya estamos protegidos porque somos uno de los primeros firmantes de la convención internacional y se trata de un doble juego: Tú colaboras y proteges y ellos reconocen tus derechos a reclamar tu patrimonio en cualquier parte del mundo", señaló. En cuanto a la ratificación de este tipo de convenios internacionales por parte de países como Estados Unidos o Reino Unido señaló que "aunque tienen muchas reservas, sus legislaciones tienden a acercarse a las normativas que vienen respaldadas por la UNESCO o la ONU", dijo.

Completaron la nómina de conferenciantes Antonio Roma Valdés, Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia; Ignacio Rodríguez Temiño, director del Conjunto Arqueológico de Carmona; Rocío Castillo, arqueóloga subacuática del Museo Nacional de Arqueología; Andrés Rodríguez, Catedrático de Derecho Internacional de la Pablo Olavide de Sevilla y Carlos León, arqueólogo subacuático.