José María Lancho, abogado de la empresa Nerea Arqueología Subacuática, confirmó ayer al diario ABC que el juzgado número 3 de La Línea ha llamado a declarar en calidad de imputado al cofundador de la empresa Odyseey Marine Exploration Greg Stemm. El juzgado linense ni confirmó ni desmintió la imputación al citado periódico y a la agencia AFP. José Luis Goñi, abogado de Odyssey en España, aseguró a Europa Sur: "No lo sé todavía. No me han notificado nada". Nerea Arqueología Subacuática, empresa vinculada a la Universidad de Málaga, presentó una querella criminal contra la compañía cazatesoros en el marco del proceso penal por supuesto expolio abierto por el juzgado número 3 de La Línea.

El juzgado linense ha emitido un auto en el que se cita a declarar a Greg Stemm en calidad de imputado por los supuestos delitos de daños graves al patrimonio histórico y contrabando. Los delitos contemplados en el auto de la magistrada titular señalan que, por forma de actuación, la empresa podría haber dañado de forma irreparable los yacimientos del fondo marino al realizar la extracción del tesoro de la polémica sin los adecuados protocolos arqueológicos y la figura del contrabando apelaría a la exportación ilegal del botín, valorado en más de 350 millones de euros y que voló desde Gibraltar hasta Estados Unidos en mayo de 2007.

Según se indica en el auto, Stemm debe acudir a prestar declaración ante la jueza a finales del presente mes de febrero. Las diligencias abiertas en el juzgado número 3 también se dirigen contra el también cofundador de la compañía John Morris y contra la propia empresa. ABC señala que hace varias semanas se produjo el levantamiento del secreto de sumario.

Odyssey, sin nunca revelar la localización exacta del barco hundido del que sacó el tesoro ni la identidad del pecio, siempre ha defendido que extrajo el botín de un buque naufragado en aguas internacionales y que es imposible precisar de cuál se trata. En un primer momento del curso de los acontecimientos pesó bastante la sospecha de que la empresa hubiera actuado en el mar de Alborán, cerca de las costas linenses y de Gibraltar. Comenzado el proceso, el Gobierno español asumió como hipótesis más verosímil que el tesoro salió efectivamente de aguas internacionales, pero de un barco nacional.

De forma paralela a las actuaciones de los juzgados de La Línea, en virtud de las cuales la Guardia Civil interceptó y registró los dos barcos de Odyssey que se encontraban atracados en Gibraltar (el Explorer y el Ocean Alert), España reclamó ante un tribunal federal de Florida la propiedad del botín descubierto por la firma de Stemm y Morris.

El juez federal estadounidense obligó a la compañía en enero a entregar a España toda la información relativa al hallazgo.

Sobre el proceso que se instruye en La Línea, que ha contado con la investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil a través de la Brigada de Patrimonio, así como con las denuncias de la Fiscalía, Lancho, el abogado de Nerea, añade: "La instrucción del juzgado es ejemplar. (El auto) es una consecuencia necesaria del hecho que la investigación está demostrando".