El Ministerio de Cultura ha propuesto que la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, dependiente del Ministerio de Administraciones Públicas, haga un informe sobre el sistema de gestión colectiva de derechos de autor.

Así se indica en un comunicado del Ministro de Cultura, después de que su titular, César Antonio Molina, se haya reunido esta mañana con los representantes de las de las ocho entidades de gestión de derechos de autor, artistas y productores de música y cine existentes en España: SGAE, Aisge, Cedro, DAMA, Vegap, Agedi, Egeda y AIE.

Tras el encuentro, que se produce después de un encendido debate social sobre el canon digital, las entidades de gestión han explicado que sienten sobre ellas una campaña de descrédito y, por ello, remitieron una carta al Ministerio de Cultura para proponer la puesta en marcha de una campaña a favor del respeto por el derecho de propiedad intelectual y para ofrecer cualquier mecanismo que contribuya a "evidenciar" ante la opinión pública su transparencia.

Quieren que la opinión pública sepa que son transparentes, que están auditadas y que sus cuentas cuadran, pues creen que el debate sobre el canon ha tergiversado muchas cuestiones relativas a su labor.

El Ministerio ha propuesto una serie de actuaciones, y este estudio sería un primer documento que se presentaría a las Comunidades Autónomas en la Conferencia Sectorial de Cultura al acabar el primer semestre de 2008. Posteriormente, se elaboraría una evaluación, propiamente dicha, cuyo resultado sería público, según Cultura.

Además, las memorias anuales y las auditorías a las que están sometidas las entidades de gestión se publicarán en las páginas web, así como los criterios de reparto y distribución de las cantidades recaudadas.

El modelo actual de gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual se implantó en 1987 mediante la Ley de Propiedad Intelectual, que otorgaba al Ministerio de Cultura el control, la inspección y las autorizaciones sobre las entidades de gestión.

Pero en 1997, el Tribunal Constitucional dictaminó que el control y vigilancia correspondía a las Comunidades Autónomas. No obstante, según el Ministerio y las entidades, Cultura ha seguido recibiendo los datos financieros.

Ahora, se trata de buscar un sistema que mejore los mecanismos de transparencia, sin menoscabo de las competencias de las comunidades autónomas, y contribuya a una percepción pública positiva de estos colectivos.

"Representamos a casi 200.000 socios en España y a casi dos millones en el mundo. Los presidentes somos elegidos democráticamente y tenemos detrás Consejos de Administración nutridos de personas cualificadas que nos avalan", explicó Luis Cobos, de la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes, para rechazar las acusaciones de "opacidad" y subrayar su carácter representativo.

La presidenta de Aisge, Pilar Bardem, dijo sentirse como "ante un tribunal". "Las entidades de gestión tenemos que estar justificando que no robamos. No tenemos que demostrar transparencia porque llevamos trabajando años y nuestras cuentas cuadran", añadió.

Respecto de la promesa electoral del líder de la oposición, Mariano Rajoy, de suprimir el canon digital si gana las elecciones, el presidente del Consejo de Dirección de la Sociedad de Autores y Editores (SGAE), Eduardo Bautista, afirmó: "Si Rajoy encuentra la pieza filosofal, que la explique, y los creadores lo estudiaremos con atención"