La delegación provincial de Cultura de la Junta de Andalucía en Cádiz aseguró ayer que las obras del emisario submarino de la Central Térmica Bahía de Algeciras, en la barriada sanroqueña de Puente Mayorga, están "controladas desde el punto de vista arqueológico" y cuentan con "todos los permisos" de la Consejería necesarios para su ejecución.

Fuentes de la delegación de Cultura explicaron que, concretamente, se están realizando dos obras, una en tierra -que aún no se ha iniciado- y otra en el mar, y señaló que las dos cuentan con los permisos de la Consejería de Cultura.

Asimismo, la delegación provincial indicó que el Centro de Arqueología Subacuática (CAS) realizó "a finales de la semana pasada" una visita de inspección en la zona, donde se cercioraron de que "las obras se están llevando a cabo correctamente".

De este modo, la Junta aclaró el correcto desarrollo de los trabajos tras la denuncia presentada por Verdemar-Ecologistas en Acción ante la Fiscalía de Medio Ambiente por un supuesto delito contra el patrimonio arqueológico en estas obras.

Verdemar anunció el pasado domingo que había formulado dicha denuncia por un supuesto delito contra el patrimonio histórico, informando además de la aparición de "numerosos restos arqueológicos" en las obras del emisario submarino. Según los ecologistas, no existe seguimiento arqueológico en la construcción, extremo que negó categóricamente la consejería.

En la denuncia presentada Verdemar alude a que con motivo de las perforaciones que se realizan a ras del mar "están apareciendo numerosos restos arqueológicos, consistentes en restos de ánforas, platos, restos de tumbas, etcétera". Algunos de ellos están siendo recogidos por los vecinos que, según indicaron al colectivo, estaban entregando a agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona).

Debido al "alto potencial arqueológico de la zona", el colectivo consideró que podría tratarse de "un asentamiento de gran interés". Por ello, Verdemar ha solicitado a la Fiscalía que, tras realizar las primeras e indispensables actuaciones averiguatorias, ordene la paralización de las obras en vías de la preservación del patrimonio histórico, así como su estudio y, en caso necesario, su puesta a disposición de la administración competente. La Junta negó todos estos detalles.