El Gobierno suprimió ayer el polémico canon digital, que sustituirá por un sistema de compensación con cargo a los Presupuestos, y aprobó el reglamento de la Ley Sinde, que pone en marcha una comisión antipiratería para defender a los creadores del "expolio lucrativo" de las descargas de internet.

El reglamento de la Ley Sinde era una de las "patatas calientes" -según la calificó el nuevo ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert- heredadas del anterior Gobierno, que decidió dejarlo encima de la mesa del Consejo de Ministros después de debatirlo en varias ocasiones. En su segunda reunión, el Ejecutivo de Mariano Rajoy dio luz verde al desarrollo de una ley que pactó hace casi un año con el PSOE en el Parlamento.

El Gobierno adoptó sus primeras medidas para "salvaguardar los derechos de la propiedad intelectual y dinamizar las industrias culturales" después de que Wert anunciara el pasado lunes que actuaría con premura y decisión contra quienes "se lucran indebidamente" con el trabajo intelectual y creativo de otros.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explico que la Comisión de Propiedad Intelectual se ocupará de "proteger los derechos de los propietarios, creadores y otros titulares frente al expolio lucrativo de las webs de descargas ilegales". Además, precisó que "solo se va a actuar, y siempre con la correspondiente protección judicial, frente a quienes indebidamente se lucran de los derechos de propiedad intelectual de otros", es decir "sólo contra los que hacen negocio de esas descargas ilegales".