El encarnizado debate sobre el canon digital se reavivó ayer al conocerse el acuerdo alcanzado, tras un año de trabajo, entre los ministerios de Industria y Cultura para establecer la relación de equipos, aparatos y soportes materiales sujetos al pago de compensaciones por copia privada.

En resumen, el documento da una de cal y otra de arena, ya que, si bien reduce el canon que hasta ahora se pagaba por aparatos muy usados por los ciudadanos -pero en franca decadencia debido a las nuevas tecnologías-, como las grabadoras de DVD y CD y sus respectivos soportes vírgenes, también es cierto que grava productos que hasta la fecha no estaban sujetos al canon digital: MP3, MP4, teléfonos móviles y PDA (las modernas agendas electrónicas) con reproductor de MP3, las unidades autónomas de almacenamiento (discos duros externos) y las memorias USB, que se gravarán con 12 euros.

Comenzando por lo positivo para el consumidor, el acuerdo establece la reducción de un 22,7 por ciento para los CD-R (de los actuales 0,22 euros a 0,17) y de un 26,6 por ciento para los DVD-R (de 0,60 a 0,44 euros). Figura también la disminución de un 48,5 por ciento en el caso de las grabadoras CD-DVD (de 6,61 euros a 3,40 euros).

Asimismo, se produce una bajada del 47 por ciento para las impresoras multifuncionales de inyección de tinta (de 15 euros a 7,95 euros) y una reducción del 33,3 por ciento para las impresoras láser (de 15 a 10 euros).

Por su parte, no sufren variación las tarifas para grabadoras de CD que se mantienen en 0,60 euros, los soportes CD-RW (0,22 euros); los DVD-RW (0,60 euros) y los escáner (9 euros).

La mala noticia para el bolsillo de los ciudadanos es que se introduce un canon para soportes de Memoria USB (0,30 euros), MP3 y MP4 (3,15 euros) y teléfono móvil/PDA MP3 (1,5 euros).

El anuncio de estas medidas desató ayer una nueva batalla entre los pro y anticanon. El presidente de la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de España (Aetic) -uno de los sectores más dañados por la medida-, Jesús Banegas, tildó el canon de "sin sentido" y aseguró que España "no tiene un problema de canon, sino de piratería, que es un fraude". En la misma línea se pronunció el consejero delegado de Vodafone, Francisco Román, quien calificó de "absurdo" la medida de gravar a los teléfonos móviles. Román recordó que desde el portal de Vodafone sus clientes se bajan música legal y su actividad sigue creciendo.

Rubén Sánchez, portavoz de la Federación de Consumidores en Acción (Facua), pidió que "los partidos políticos asuman la voz de los ciudadanos en contra del canon". Más contundente fue la Asociación de Internautas, que pedirá al Defensor del Pueblo que recurra ante el Tribunal Constitucional el canon digital en el caso, que consideran "improbable", de que prospere.

Por su parte, el ministro de Cultura, César Antonio Molina, advirtió que si el Gobierno tuviera que suprimir el canon digital, la posibilidad de que los ciudadanos se hagan copias de las obras para su uso pasaría a estar prohibida y sería sancionable. Molina aseveró que, con la propuesta de tarifas y soportes sobre el canon, el Gobierno ha encontrado un "equilibrio" entre "intereses contrapuestos" y recordó que la normativa europea "obliga" a compensar a los autores por las copias privadas que realizan los ciudadanos.

El otro ministro implicado, Joan Clos (Industria, Turismo y Comercio), afirmó que la propuesta oficial sobre el canon digital remitida a las entidades de gestión y a los fabricantes "es una solución de máximo consenso que es buena para todos". Clos aseguró que la propuesta "garantiza la recaudación, compensa a los autores por la copia privada y abarata los precios". El titular de la cartera de Industria dijo que "España se convierte en el país con la solución más racional sobre este tema".

El Ministerio de Cultura señaló ayer en un comunicado que el objeto de la norma "es compensar los derechos de propiedad intelectual que los creadores dejarán de percibir por razón de las copias para uso privado, respetando así la normativa europea" y aclara que, por lo tanto, "no se trata de compensar la piratería". La elaboración de esta orden ministerial responde a lo previsto en la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual aprobada por consenso el pasado mes de junio de 2006. El canon responde también al cumplimiento de la Directiva Europea 2001/29/CE relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y con los del consumidor en la era de la información.