El Gobierno británico estudia castigar con la suspensión del servicio a los internautas que descarguen contenidos de la Red ilegalmente, la misma medida que Francia incluyó en su ley contra la piratería y que fue rechazada por inconstitucional.

El Ministerio de Empresa e Innovación, dirigido por Peter Mandelson, analiza también la opción de requerir a las compañías proveedoras de internet que faciliten los datos de los usuarios que realicen descargas ilegales y se los entreguen a los propietarios de los derechos de autor sin necesidad de que haya una decisión judicial de por medio. Los planes gubernamentales pasan por que los proveedores actúen "bloqueando el acceso a webs de descarga, reduciendo la velocidad de la banda ancha o suspendiendo temporalmente su línea de internet", según precisó el departamento de Mandelson. El Gobierno valora diferentes alternativas, entre ellas, que las empresas proveedoras de internet permitan la instalación de filtros que bloqueen el contenido que está protegido por los derechos de autor.

Las alternativas han suscitado las críticas del Open Rights Group, organización del Reino Unido nacida en 2005 que persigue "proteger las libertades civiles". "La suspensión del acceso a internet restringiría el derecho a la libertad de expresión", subrayó su director, Jim Killock, quien lamentó que se estudien estas medidas justo cuando los ingresos por venta de música on line están aumentando y "el intercambio de archivos ilícito" ha bajado. Por su parte la industria musical británica ha valorado positivamente los planes del Gobierno y los ha calificado de "un paso adelante" en la lucha contra la piratería.