Nadie discute que la cultura aumenta la capacidad intelectual y social de los individuos y que la oferta cultural da un dinamismo y mayores oportunidades de crecimiento a las ciudades que apuestan por ella. No obstante, ¿cuál es su repercusión económica? ¿Quién debe abonar los costes de las infraestructuras o productos culturales? ¿Es siempre necesario alcanzar una rentabilidad económica? Ocho expertos participaron ayer en un Desayuno de Redacción organizado en Málaga por el Grupo Joly -editor de este diario- y patrocinado por la Fundación Unicaja para intentar aclarar varios de estos puntos y lanzar nuevos retos a tener en cuenta.

El primero de ellos es saber exactamente qué es la cultura, pues cada organismo mundial da una definición distinta. En el caso español, por ejemplo, la cultura es un cajón de sastre en el que se incluye desde la prensa diaria hasta los estudios de arquitectura. Ni siquiera hay datos económicos actualizados ni provincializados. Joaquín Aurioles, presidente del Observatorio Económico de Andalucía, indicó que "la cultura no se visualiza bien porque es una cuenta satélite dentro de la economía como pasa también con el turismo, los hogares o el medio ambiente". Solo se conoce la cuenta satélite de la cultura a escala andaluza y es de 2010. En esa fecha, la cultura movía en la región 6.400 millones de euros y contaba con 77.000 empleados, de los cuales un 7,5% eran públicos.

Aurioles puso de relieve un hecho tan llamativo como triste. "Es un sector con mayor nivel formativo, un salario inferior a la media y con una alta precariedad laboral", afirmó. El 25% de sus trabajadores son autónomos, diez puntos por encima de la media de otros segmentos económicos.

"No hay una definición clara de lo que es cultura. Estamos en un sector básico y clave, y hay que avanzar en una metodología para marcar la estrategia futura", señaló Sergio Corral, director general de la Fundación Unicaja. En la misma línea estaba Juan Cobalea, presidente de la Fundación Málaga. "Estamos creciendo y tenemos recorrido, pero estamos un poco perdidos porque no hay datos suficientes para medir bien la cultura", dijo.

Partiendo, pues, de la base de que la cultura es un concepto amplio y complicado de acotar, Fernando Marcos, socio de la consultora KPMG en Málaga, remarcó la dificultad de financiar eventos culturales por parte de bancos o empresas privadas porque "si no se sabe de qué se está hablando es difícil tomar la decisión correcta".

La inversión, pública o privada, en cultura y la sostenibilidad de las infraestructuras y las actividades fue motivo de un amplio debate, porque se mezclan varios elementos como la educación, la rentabilidad económica, la aportación de las administraciones y qué tipo de sociedad se quiere crear. Aurioles consideró que la Administración Pública "debe intervenir en la cultura porque si solo se dependiera de la aportación privada sería ineficiente" y comentó la necesidad de que haya subvenciones públicas como "estímulo". Miguel de Nova, director del área de Alcaldía del Ayuntamiento de Málaga, apuntó que la cultura de la subvención está "generalizada" en España y que es partidario de su entrega "porque son necesarias siempre que estén controladas". No obstante, De Nova advirtió de la "mentalidad perversa de dependencia absoluta de la subvención" existente en muchas actividades culturales y recordó que en España no se ha regulado aún una ley de mecenazgo, pese a que se ha intentado en varias ocasiones.

José María Luna, director de la Fundación Picasso, Centre Pompidou Málaga y Museo Ruso en la capital malagueña, pidió, por su parte, eliminar la palabra mecenazgo y hablar directamente de patrocinio porque "siempre se busca un retorno". Luna lamentó que "no está en la genética del empresario español invertir en cultura" y pensó que a las empresas les falta músculo para destinar parte de sus beneficios a la cultura y concienciación. Este experto reconoció que parte de culpa la tienen los propios gestores culturales, como es su caso, "porque tenemos que hacer propuestas a las empresas que no se puedan rechazar y tenemos que venderle ese retorno".

El empresario Juan Cobalea recogió rápido el guante para corroborar esa impresión. "El mercado no puede ser el que dé el paso, sino que el sector público es el que tiene que marcar las políticas. Se puede vender retorno a corto plazo a la empresa, pero al tejido empresarial le interesa que haya una sociedad formada y culta porque va a ser más rica y le va a generar más negocio", destacó. Francisco García Navas, consejero delegado de Analistas Económicos de Andalucía, incidió en el asunto: "Hay que educar a la gente para que responda y se pueda hacer sostenible todo el esfuerzo en cultura, pero eso es a largo plazo y difícil. En el corto plazo es imprescindible cuidar el retorno empresarial, porque siempre existe aunque no aparezca. Todo debe tener un retorno a la empresa, para que el sector decida subirse interesadamente a la actividad cultural".

Fernando Marcos, de KPMG, también cree que hay que empezar invirtiendo en educación para poner en valor la oferta cultural "pero seguramente así tampoco lleguemos". Este profesional cree que las subvenciones tendrían que estar más vinculadas a la producción real de actividades culturales que a una cuenta de resultados y reclamó al sector público que "produzca el marco fiscal necesario para que los operadores privados puedan hacer sus aportaciones", vía mecenazgo o patrocinio. Mariano Vergara, director de Esirtu Gestión Cultural, criticó que "el tema fiscal de la cultura en España es un verdadero disparate y aunque ahora se vuelve a hablar de la ley de mecenazgo me da la impresión de que no va a servir para nada".

José María Luna afirmó que "la cultura ha cambiado el paisaje de la ciudad pero debe cambiar el paisanaje". Disfrutar de la cultura y protagonizar un cambio social no se hace de la noche al día. Requiere esfuerzo, inversión y estrategias claras, por lo que aún queda mucho camino por recorrer.