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La patronal pide reducir los costes operativos de la estiba en un 30%

  • Anesco plantea jubilaciones forzosas y tres meses para mejorar la productividad o una bajada salarial equivalente

  • Los sindicatos censuran que se pretenda cambiar todo el convenio

La chistera La chistera

La chistera

La mesa negociadora de la estiba entre la patronal Anesco y los sindicatos del sector entró ayer en vía muerta tras la presentación de una propuesta de los empresarios para reestructurar la actividad. La patronal Anesco plantea alcanzar una reducción del 30% de los costes operativos en los puertos españoles en un plazo de tres meses. Y en caso de no lograrse, que los salarios de los estibadores se reduzcan en una proporción similar. Entre las medidas se incluyen jubilaciones forzosas, según el documento.

Los sindicatos mostraron su rechazo a la propuesta, que calificaron como "imposible" al entender que implica una profunda revisión de sus condiciones de trabajo y por relegar a un segundo plano -bajo condicionantes- la subrogación de los trabajadores, que a día de hoy sigue siendo la principal aspiración de la parte social.

El Ejecutivo sostiene que su propuesta garantiza todos los empleos del sector

La reunión apenas duró una hora y media. Suficiente para evidenciar el desencuentro dado que los sindicatos llegaron a la cita con la confianza de avanzar en la subrogación. Lejos de eso, Anesco presentó su propuesta de acuerdo tripartito, la tercera que llega a la mesa negociadora en poco más de una semana tras las entregadas por el Gobierno el 15 de marzo y por los sindicatos el pasado martes 21. La de Anesco es la más detallada de todas en cuanto a la organización del trabajo en los muelles.

Al igual que la del Gobierno y los sindicatos, consta de cuatro puntos. El primero de ellos es el relativo a las mejoras organizativas y productivas en las empresas estibadoras, que concede a las compañías la potestad de dirección, organización y control de la actividad. Consta de doce puntos que piden ser aplicados en tres meses entre los que se incluyen aspectos de la regulación de la jornada y la disponibilidad del personal, los equipos de trabajo (manos en el argot de los estibadores) y pautas para la flexibilidad en la operativa.

El quinto punto resalta que para aquellos puertos, terminales o tráficos concretos que no hayan sido incluidos en las mejoras que detalla el documento, se adopten medidas que supongan "mejoras operativas y de aumento de flexibilidad cuya repercusión sea de una reducción del 30% del coste de las operaciones". En caso de no acordarse en el plazo de tres meses, Anesco plantea una "reducción automática" de la masa salarial en la misma cuantía.

Además de las medidas operativas, Anesco pide jubilaciones forzosas para los estibadores que cumplan con los requisitos para cobrar el 100% del salario y un plan de bajas anticipadas voluntarias similar al propuesto por el Gobierno (al 70% para los mayores de 50 años).

El documento no recoge la subrogación por ley de todos los empleados. Anesco preconiza que se mantengan en las Sagep que no se extingan o se subroguen en los Centros Portuarios de Empleo que se creen por las empresas o los que se deriven de una Sagep extinguida. O también podrán ser contratados ex novo por las empresas que presenten el servicio en los puertos.

El director gerente de Anesco, Pedro García, se limitó a indicar que con su propuesta, las empresas sólo buscan garantizarse "la dirección y organización efectiva de sus trabajos".

No lo ven así en los sindicatos, que consideran que la patronal busca cambiar "prácticamente todo el convenio colectivo" con una iniciativa que choca frontalmente con su objetivo del mantenimiento del empleo. "El Gobierno, al asegurar que no se puede garantizar por ley la subrogación de los trabajadores, ha dado una oportunidad de oro a las empresas", criticó Antolín Goya, coordinador general de Coordinadora. Para los sindicatos, la iniciativa de la patronal "pone de manifiesto" la necesidad de garantizar por ley el empleo del sector. "Si el Gobierno de verdad quiere garantizar el empleo, que diga cómo lo va a hacer. Las empresas ya lo han hecho", indicó de forma irónica Goya.

Aún con este desencuentro, la parte social y empresarial acordaron reunirse la próxima semana -previsiblemente el martes- y dijeron esperar que a esa cita acudan representantes del Gobierno. Ayer no estuvieron presentes porque la reunión, en origen, estaba planteada para abordar aspectos operativos entre los sindicatos y las empresas.

El Ministerio de Fomento lamentó la falta de flexibilidad de las partes en la reunión e insistió en que la garantía del 100% del empleo está asegurada con su propuesta. Fomento dijo estar dispuesto dar al acuerdo rango normativo y recordó "la imposibilidad de imponer por ley a las empresas la obligación de contratar a una serie de trabajadores".

El diputado socialista y encargado de los asuntos marítimos y portuarios del PSOE en el Congreso, Salvador de la Encina, lamentó que el Gobierno no tome las riendas de las conversaciones para agilizar la situación. "Se avanza, pero no lo suficiente como para vislumbrar una pronta solución", valoró. Para De la Encina, la subrogación de los estibadores debe ser planteada por el Ejecutivo para romper el bloqueo de la negociación y el parlamentario. "Si el ministro pretende presentar el mismo decreto, sin hacer ningún cambio, sería esperpéntico y abocado a la derrota", dijo.

NUEVO DECRETO

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, reconoció el miércoles por la noche en una entrevista su intención de "tramitar lo antes posible" un nuevo decreto para reformar el sector de la estiba, después de que el Congreso rechazara el pasado jueves el primero que promovió. De la Serna indicó que aún no está tomada la decisión de cuándo se presentará el nuevo decreto, pero indicó que hay que hacerlo de "forma urgente". "Queremos darle la mayor celeridad posible", por lo que instó a la patronal Anesco y a los sindicatos de estibadores a llegar un acuerdo en el ámbito laboral de la reforma. Antes de conocerse la propuesta de Anesco, el ministro dijo que la patronal no estaba haciendo gestos en favor de la subrogación.

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