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Los estibadores exigen al Gobierno que detalle cómo prevé garantizar el empleo

  • Coordinadora pedirá mañana más detalles sobre el "instrumento normativo" ofertado por el ministro De la Serna

  • La patronal y los sindicatos, con posturas opuestas para la reforma

Un grupo de estibadores del puerto de Algeciras, durante la asamblea celebrada el pasado febrero.

Un grupo de estibadores del puerto de Algeciras, durante la asamblea celebrada el pasado febrero. / jorge del águila

La mesa negociadora del sector de la estiba retoma mañana las conversaciones entre los sindicatos y la patronal Anesco después de que la semana pasada los contactos sobre los aspectos laborales de la reforma entraran en vía muerta. El sindicato Coordinadora pedirá al Gobierno, que también estará presente en la cita, que les aclare qué fórmulas jurídicas contempla para garantizar el empleo de los trabajadores portuarios tras la liberalización del sector más allá del contenido ya conocido de su iniciativa de acuerdo tripartito, complementario a la futura normativa.

El Ejecutivo, a través del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, insistió ayer por enésima vez en la importancia de aprobar cuanto antes la liberalización para evitar sanciones de la Unión Europea. Por el momento carece de apoyos políticos como para tramitar un nuevo decreto en términos similares al que resultó derogado el 16 de marzo.

España no se puede permitir el lujo de incumplir una sentencia europea"

El grupo de trabajo tiene en estos momentos tres propuestas de acuerdo. Una del Gobierno, otra de los sindicatos y una tercera de la patronal, que fueron entregadas por este orden. La presentación de la propuesta empresarial, el pasado jueves, dejó en suspenso la negociación porque choca frontalmente con la principal reivindicación de los estibadores de garantizar por ley la subrogación a las nuevas compañías estibadoras y, por tanto, sus empleos. Pero el texto de Anesco también colisiona con el compromiso de mantenimiento laboral defendido públicamente por el Gobierno.

La patronal se considera dispuesta sólo a garantizar el trabajo a los estibadores que sean necesarios en cada puerto a resultas de medidas de reestructuración de plantilla, incluyendo las jubilaciones forzosas y de productividad, al contrario que los sindicatos y el Ejecutivo que abogan por mantener los empleos y promover sólo bajas incentivadas voluntarias.

"La propuesta de Anesco ha dejado patente que la subrogación de los trabajadores no puede prosperar sin un instrumento normativo que garantice su cumplimiento. Por ello vamos a pedir al ministerio que nos aclare cómo pretende garantizar el empleo más allá de lo que recoge en su iniciativa. Queremos saber de qué tipo de instrumento normativo estaríamos hablando y qué capacidad económica hay para prejubilar a estibadores", explicó a Europa Sur el coordinador para Andalucía del sindicato Coordinadora, Manuel Cabello.

Cabello se refirió a las numerosas manifestaciones públicas del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, quien en vísperas de la votación de la reforma en el Congreso de los Diputados dijo que el Ejecutivo promovería la garantía de continuidad laboral a través de un "instrumento normativo" cuya fórmula jurídica nunca ha sido especificada.

Desde la derogación del primer decreto, el ministro ha cambiado este ofrecimiento por un discurso negativo a recoger por ley la subrogación de los estibadores al estimar que sólo con su propuesta de acuerdo sería suficiente. "El Gobierno debe contestar también a nuestro documento", resaltó Cabello.

Aún con un texto diametralmente opuesto en aspiraciones con el de la patronal, el representante sindical apuntó que se seguirá trabajando en la búsqueda de un consenso.

La reunión se celebrará finalmente este miércoles por la tarde en la sede del Consejo Económico y Social (17:00), bajo la mediación de su presidente, Marcos Peña. También acudirán representantes de los ministerios de Empleo y Fomento, sin que haya trascendido de qué rango.

El ministro de Fomento volvió a apelar a los políticos para desbloquear el trámite parlamentario. "España no se puede permitir el lujo de incumplir una sentencia europea. La ley y las sentencias son para cumplirlas y eso lo deben hacer cumplir los representantes políticos que tienen en su mano la decisión de cumplir como país", afirmó De la Serna.

"Si el acuerdo no es posible, nuestra obligación es cumplir la sentencia europea y eso es lo que va a tratar de hacer el Gobierno", aseguró De la Serna. PSOE y Ciudadanos, necesarios para convalidar un decreto ante el Congreso, han condicionado su voto a que exista un acuerdo previo entre la parte social y empresarial.

Dado que este acuerdo no se vislumbra a corto plazo, el ministro urgió a los grupos políticos esgrimiendo nuevamente la inminencia de sanciones por parte de la Unión Europea. "Los tiempos desgraciadamente siguen corriendo", se refirió en relación a la posibilidad de que el tribunal de la UE imponga a España una sanción diaria de 134.000 euros y ratifique la anterior, que suma ya 21,5 millones de euros.

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