La mesa negociadora de la estiba formada por la patronal Anesco (Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques) y el sindicato Coordinadora profundizó ayer en la redacción del acuerdo de consenso que ambas partes prevén entregar al Gobierno como propuesta para la reforma de la Ley de Puertos en lo relativo a esta actividad.

La reunión, celebrada en Madrid, se basó en el repaso y negociación punto por punto del documento que ambas partes pactaron en el verano de 2015 como base para la reforma normativa y que la situación de interinidad del Gobierno dejó en suspenso. Tras la sesión de ayer, Anesco y Coordinadora se emplazaron a nuevas reuniones la próxima semana con el fin de perfilar un texto que tenga encaje legal, que nazca del consenso y que a su vez preserve los intereses de ambas partes.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró en diciembre de 2014 que el modelo nacional de la estiba incumple el principio europeo de libertad de establecimiento dado que impone a las empresas la obligación de inscribirse en una Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep) y, en su caso, participar en el capital de ésta; y también la obligación de contratar con carácter prioritario a trabajadores de la Sagep y a un mínimo de tales empleados sobre una base permanente.

Tras la sentencia, Anesco y Coordinadora alcanzaron en el verano de 2015 un principio de acuerdo que consideraba irrenunciable la estabilidad en el empleo de los trabajadores del sector y, por otro lado, preconizaba que el cambio normativo se basara necesariamente en soluciones cuyo resultado final no penalizara a los actuales operadores frente a los nuevos, ya que de lo contrario se producirían situaciones de desigualdad, a juicio de la mesa negociadora.

Fuentes del sector apuntan que la solución que se baraja para satisfacer las aspiraciones de ambas partes -sindicatos y patronal- se basaría en la creación de un censo oficial de estibadores para garantizar y consolidar el empleo actual de forma que ante la entrada de nuevos operadores para ejercer labores de estiba (la liberalización que pide la UE y que también quiere la patronal) se salvaguardaran sus intereses.

Mientras tanto, el Gobierno no ha anunciado formalmente cómo pretende afrontar la reforma normativa más allá de la mera declaración de intenciones del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. Ante la comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, el pasado diciembre, el ministro se limitó a asegurar que se daría cumplimiento a la sentencia del TJUE, sin especificar cuándo ni como.

Sobre la Ley de Puertos, el ministro de Fomento añadió entonces que se adaptará al reglamento de la Unión Europea para la creación de un marco para la prestación de servicios y que se ajustará a las normas comunes de transparencia financiera de los puertos. Otra de las líneas de actuación que apuntó Íñigo de la Serna tiene que ver con la reducción de las tasas portuarias y de las tarifas para la prestación de servicios. El ministro avanzó que el plan es continuar con la tendencia de la rebaja, con el objetivo de favorecer la competitividad y la viabilidad económica.

La Comisión Europea reclama sanciones millonarias para España por no acometer la reforma normativa a través de varios recursos contra el Reino de España por la falta de acciones para dar cumplimiento al fallo del TJUE. Entre las sanciones, la CE pide 134.107,2 euros por cada día de retraso desde la resolución del recurso (lo que se prevé para febrero o marzo).