La Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (Iccat) concluyó ayer su reunión anual en Vilamoura (Portugal) sin aceptar incrementos extraordinarios de las capturas de atún rojo más allá de los ya previstos desde la reunión de 2014.

El Total Admisible de Capturas (TAC) para 2017 crecerá, por tanto, el 20% que ya estaba garantizado, de forma que se situará en 23.155 toneladas, de las que 4.243 corresponderán a España (el país con mayor cuota). El sector pedía mayores incrementos hasta alcanzar las 30.000 toneladas por entender que la especie está totalmente recuperada.

El sector almadrabero mostró su decepción -reclamaban una subida del 40%- a través de la directora gerente de la Organización de Productores Pesqueros de Almadraba, Marta Crespo. "La Iccat no ha movido un ápice su posición, con lo que el Total Admisible de Captura se incrementará en 2017 el 20% que ya estaba previsto desde la reunión del Iccat de Génova en 2014", explicó. Además, rechazó que se trate de una subida, sino una devolución del 20% de las capturas que fueron detraídas cuando se inició el plan de recuperación de la especie. La entidad dijo esperar que se proceda a un "reparto justo" de la cuota para 2017 -ahora es el Ministerio de Pesca quien debe distribuir la cuota- y que en la próxima reunión, que será año de evaluación, se produzca una verdadera subida.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, consideró ayer que el aumento permitirá a las flotas atuneras "afrontar 2017 con unas mejores perspectivas económicas" ya que "para 2017 está prevista la evaluación completa que ayude a despejar las dudas sobre la plena recuperación de la especie y permita reestablecer el TAC en los niveles previos al plan". El delegado recordó que, tras años de restricciones, el Gobierno de Mariano Rajoy consiguió en 2012 que se incrementara la cuota con un plan de recuperación de la especie, de forma que ha logrado incrementar la cuota de atún rojo un total de 1.832 toneladas desde 2012, pasando de 2.411,01 a 4.243, un 76 % más que cuando empezó la pasada legislatura.

Las reacciones también llegaron desde el Partido Socialista de Cádiz. Su secretaria provincial, Irene García, dijo compartir la desazón del sector y conminó al Gobierno a no pervertir el fondo de maniobra "con un reparto de manera discrecional que favorece a pesquerías que no tienen tradicionalmente al atún rojo como principal fuente de pesca". García recordó que 800 familias viven del atún rojo entre las cuatro almadrabas gaditanas (Tarifa, Conil, Barbate y Zahara) junto con 60 buques en el Estrecho.