El Gobierno de Marruecos aguarda expectante el fallo que hoy prevé pronunciar el Tribunal de Justicia de la UE sobre la legalidad del acuerdo pesquero euromarroquí, pues un fallo contrario cuestionaría todos los acuerdos bilaterales y abriría una grave crisis diplomática.

El fallo del tribunal debe zanjar de una vez un asunto capital para la diplomacia y aun la esencia del estado marroquí: su soberanía sobre las tierras y las aguas del Sáhara Occidental, administrado por Marruecos desde 1975 pero que la ONU considera todavía "territorio no autónomo".

El actual protocolo permite faenar a 126 barcos europeos, 90 de ellos españoles

Todos los acuerdos pesqueros firmados entre la UE y Marruecos desde 1988 -y los bilaterales anteriores entre Rabat y Madrid- han incluido las aguas del Sáhara Occidental, en cuyo banco sahariano se concentra precisamente la mayor riqueza pesquera.

El Frente Polisario, que reclama la independencia del Sáhara, ha contestado históricamente la legitimidad de esos acuerdos, al principio sin éxito, pero en los últimos años sus argumentos sobre la "injusta" explotación de los recursos saharauis, pesqueros, agrícolas o mineros, comienzan a abrirse paso en algunos tribunales.

El pasado viernes, un tribunal sudafricano en la Ciudad de El Cabo falló contra Marruecos al establecer que el cargamento de 54.000 toneladas de fosfatos interceptado en esa ciudad y procedente del Sáhara Occidental había sido extraído y comercializado ilegalmente por Marruecos. Los fosfatos ya no llegarán a su destino.

En los acuerdos pesqueros, la cuestión de la explotación de los recursos saharauis se ha salvado en los últimos tiempos con un compromiso diplomático muy al estilo de la UE: con párrafos que obligaban a Marruecos a demostrar que una parte de la dotación financiera iba destinada a la población local. Y así, la suma destinada al apoyo al sector pesquero marroquí en el actual acuerdo fue a parar en sus dos tercios (unos 36 millones de los 56) a las dos regiones saharauis: El Aaiún y Dakhla.

El abogado general de la UE, sobre cuya opinión debe pronunciarse el tribunal, ha ido más allá y el 10 de enero pasado concluyó que "no es válido" porque la UE "incumplió su obligación de respetar el derecho del pueblo del Sáhara Occidental a la libre determinación". Si el Tribunal siguiera hoy la opinión del letrado (como suele ser habitual en la mayor parte de los casos), el caso podría sentar jurisprudencia y poner en tela de juicio el resto de acuerdos euromarroquíes, de extrema importancia para el país magrebí, uno de los pocos en el mundo que tiene un Estatuto Avanzado con la UE firmado en 2008. La UE representa, además, el 70% del comercio exterior marroquí, que apenas en los últimos años comienza a abrir su espacio a otras economías.

El Gobierno marroquí siempre ha mostrado rechazo hacia la multiplicidad de voces dentro de las instituciones europeas (Comisión, Parlamento, tribunales...) cuando se trata de las relaciones con su vecino del sur y concretamente sobre el Sáhara Occidental, que en Marruecos se conoce como "la causa nacional".

El pasado año, Aziz Ajanuch, ministro de Agricultura y Pesca y hombre muy próximo al rey Mohamed VI, se quejó en una entrevista con Efe sobre esta cuestión: en el seno de la UE -dijo- hay "discordancias en lo referente a Marruecos entre la Comisión, el Consejo, las cortes de justicia y los eurodiputados, pero eso no es problema nuestro. Que lo arreglen entre ellos".

Y a continuación añadió que su país podría buscar otros socios comerciales pero podría tomar otras medidas más sensibles: "¿Cómo queréis -los europeos- que hagamos el trabajo de bloquear la emigración africana y hasta la marroquí si hoy Europa no quiere trabajar con nosotros?", se preguntó.

Para Marruecos, los acuerdos de pesca o los de agricultura son indisociables de su condición de vecino de excepción, que incluyen políticas migratorias o de seguridad y el fluido intercambio de información contraterrorista.

En diciembre de 2011, tras una votación del Parlamento Europeo que denunciaba entonces el acuerdo pesquero por la sobreexplotación de los recursos y también por la cuestión del Sáhara, Marruecos ordenó la salida inmediata de todos los pesqueros europeos de sus aguas, dándoles un ultimátum de 24 horas.

El actual protocolo (2014-2018) del acuerdo de pesca UE-Marruecos permite faenar en el caladero atlántico de Marruecos a un máximo de 126 barcos de pesca de la UE, 90 españoles. De esas 90 posibles licencias, España ha hecho uso en este periodo de 67 licencias. En 2017, se usaron 49 licencias por parte de España: 32 por barcos andaluces, 12 canarios y cinco gallegos. Holanda, Lituania, Polonia y Alemania disponen, por su parte, de 18 licencias. En Marruecos, este acuerdo ha generado 700 puestos de trabajo de tripulantes, 200 de ellos marroquíes en buques comunitarios y alrededor de 3.500 puestos de trabajo en tierra.

La comisión mixta entre la UE y Marruecos de profesionales de la pesca ya alertó hace dos semanas del perjuicio y el impacto negativo socioeconómico que tendría para ambas partes una resolución desfavorable del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).