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La Junta exige al Gobierno un esfuerzo para negociar

  • El consejero Jiménez Barrios afea la falta de capacidad de diálogo del Ejecutivo

Jiménez Barrios durante su comparecencia en la comisión, ayer.

Jiménez Barrios durante su comparecencia en la comisión, ayer. / e. s.

El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios, insistió ayer en reclamar al Gobierno central que haga "un esfuerzo de negociación" para buscar el consenso sobre la reforma de la estiba.

Durante su comparecencia en comisión del Parlamento, Jiménez Barrios valoró que el rechazo al decreto del Gobierno central sobre la reforma de la estiba en el Congreso de los Diputados "muestra la incapacidad y la falta de previsión" del Ejecutivo para dar respuesta a una situación complicada y difícil. "El Gobierno ha preferido decretar por la vía de urgencia en vez de dialogar y negociar una solución pactada, empleando como argumento las sanciones económicas que nuestro país asumiría por no ejecutar la sentencia europea recaída en 2014", dijo. El vicepresidente dijo esperar que el Gobierno haya tomado nota de la gravedad de lo ocurrido y "vuelva a la negociación".

La normativa española debe adaptarse para dar cumplimiento a la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de manera obligada e inevitable, según Jiménez Barrios, pero debe hacerse desde el acuerdo y el consenso garantizando la estabilidad del empleo. "El Gobierno no puede dar la espalda a los trabajadores y las empresas", insistió. El vicepresidente resaltó que esta cuestión resulta de "especial importancia" para puertos de tránsito como el de Algeciras, con más de 1.800 estibadores y donde los conflictos pueden ahuyentar los tráficos.

El diputado de Podemos Jesús Rodríguez dijo que defender los puertos de este país pasa por defender a los trabajadores y su estabilidad y calificó de "indignante y repugnante" la propuesta que el Gobierno central puso sobre la mesa. Considerando que no se debería utilizar dinero público para prejubilaciones en un sector que genera empleo. Rodríguez aconsejó a la Junta que empiece a actuar "desde ya de manera preventiva", ante la posibilidad de que haya que pagar una multa a la UE. De llegarse a ese extremo, auguró, se iniciaría una campaña enorme "de acoso y derribo" contra los trabajadores de la estiba.

La parlamentaria del PSOE-A Rocío Arrabal criticó que el Gobierno central aprobara un real decreto ley sin consenso y sin negociación "y con el claro objetivo de despedir a trabajadores y de precarizar derechos labores". Arrabal cifró en 105 millones de euros los costes de la "incertidumbre" que el Gobierno central ha generado en el sector.

El parlamentario de Ciudadanos Julio Díaz justificó la abstención de su partido en el Congreso de los Diputados a la hora de convalidar el decreto como una forma para provocar que el Gobierno central pasara de una posición "inmovilista" a tener que dialogar con todos los grupos políticos y las partes.

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