El Gobierno refuerza la vigilancia y el control de la actividad pesquera

  • La Armada operará su flota de patrulleros con técnicos especialistas en la materia

El patrullero 'Tarifa' de la Armada, participante en el plan de control. El patrullero 'Tarifa' de la Armada, participante en el plan de control.

El patrullero 'Tarifa' de la Armada, participante en el plan de control. / e. s.

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y el de Defensa han suscrito el Plan General de Vigilancia de Pesca para el año 2017. En él se determinan las líneas de acción y las prioridades en las actividades de vigilancia e inspección de pesca en la mar, coordinadas entre la Secretaría General Pesca y la Armada.

El documento ha sido firmado por el secretario general de Pesca, Alberto López-Asenjo, y el Almirante Jefe del Estado Mayor de la Defensa, Jaime Muñoz-Delgado y Díaz del Río. De acuerdo con ese plan, la Armada operará los patrulleros de vigilancia pesquera Alborán, Arnomendi y Tarifa y los de la clase Toralla, contando con apoyo aéreo. Unas operaciones que serán financiadas por la Secretaría General de Pesca.

El dispositivo contará con el embarque de inspectores de pesca de la Secretaría General de Pesca, que asesorarán al comandante del patrullero en temas relativos a la inspección y vigilancia pesquera, indicando posibles prioridades.

El plan abarca tanto las aguas de soberanía o jurisdicción española, del Atlántico, Mediterráneo noroccidental, y Mar de Alborán, como de aguas comunitarias de otros estados miembros y aguas internacionales en el marco de Acuerdos Internacionales y Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP).

También se incluyen actividades formativas tanto para el personal de la secretaría general de Pesca como de la Armada, así como la adecuada formación en prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud, con reconocimientos médicos previos al embarque que determinen la buena salud de los integrantes de los medios de vigilancia.

La pesca ilegal no declarada y no reglamentada podría representar alrededor de 26 millones de toneladas de pescado al año, lo que equivale a más del 15% de la producción total anual de los productos pesqueros. El Ministerio mostró su firme convicción en la lucha contra esta lacra "destinando los recursos necesarios para ello, ya que constituye una de las mayores amenazas para la explotación sostenible de los recursos acuáticos vivos y la biodiversidad marina", subrayó la entidad estatal.

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