Maritimas

Cuenta atrás en la estiba

  • El Gobierno da luz verde al decreto de reforma e iniciará su tramitación parlamentaria sin apoyo suficiente

  • Desplaza la presión a la oposición, a la que pide "responsabilidad" para evitar la multa

El ministro De la Serna, ayer, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros.

El ministro De la Serna, ayer, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. / EFE/Sergio Barrenechea

Ni la amenaza de nueve días de huelga en los puertos ni las llamadas al diálogo de los partidos de la oposición lograron cambiar los planes del Gobierno sobre la reforma de la estiba. El Consejo de Ministros aprobó ayer el real decreto ley con el que pretende liberalizar la contratación en el sector en cumplimiento de una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). Un decreto que cuenta con el rechazo expreso de los trabajadores, de parte de las empresas y, hasta ahora, de los partidos de la oposición. En ese contexto se inicia una doble cuenta atrás: la de la tramitación parlamentaria del decreto ley, que tiene 30 días para conseguir los apoyos suficientes para ser convalidado en el Congreso, y la que llevará hasta la huelga que a partir del día 6 de marzo amenaza con dejar paralizados los puertos, y con ellos buena parte de la actividad económica del país.

El TJUE condenó a España en 2014 por el sistema de contratación establecido para la estiba, en el que las empresas se veían obligadas a formar parte de las sociedades anónimas de gestión de trabajadores portuarios (sagep) y contratar a estibadores solo procedentes de aquellas. Esa sentencia obligaba a España a reformar el sector de la estiba, algo que el país aún no ha hecho. Por ello ha acumulado una sanción de 21,5 millones de euros y está a punto de recibir una nueva sentencia en contra a partir de la cual, asegura Fomento, tendría una multa de 134.107,2 euros por cada día transcurrido sin cambiar el sistema de contratación. "Estamos en una situación en la que la sentencia es de obligado cumplimiento", reiteraba ayer el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en rueda de prensa.

El panorama que se presenta en las próximas semanas es harto complicado y De la Serna, responsable del decreto, lo sabe. Con la huelga en ciernes, insistía en los argumentos que ha venido reiterando durante los últimos diez días: la necesidad de cumplir con la sentencia del TJUE, la llamada al diálogo entre patronal y sindicatos para solventar las demandas del sector y la petición de "responsabilidad" a los partidos políticos para aprobar la norma en el Congreso.

El ministro ya había trasladado la presión de la negociación a empresas y trabajadores y ahora endosa al resto de partidos del Congreso la responsabilidad de eludir o no la sanción de 134.000 euros diarios. "Estoy convencido de que cualquiera de los grupos políticos, si tuviera responsabilidad de gobierno, hubiera hecho lo mismo" aseguraba De la Serna tras el Consejo de Ministros. "Seguro que nadie quiere entrar en un bucle sin fin en el que no evitaríamos la nueva sentencia y empezar a pagar la multa", advertía. El primer tiro iba para el PSOE después de que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, llamase a cumplir la sentencia respetando los derechos de los trabajadores. "Coincidencia plena con el PSOE en este caso", aseguró. "Estamos cumpliendo la ley y dando la posibilidad de que se respeten los derechos de los trabajadores".

El PP se encuentra enfrente al resto de partidos, que la pasada semana mostraban su oposición en público y en privado a la aprobación del decreto ley. Postura que reiteraban ayer PSOE, Podemos e IU; Ciudadanos no se pronunciaba, pero fue el partido que logró aplazar la aprobación del decreto la semana pasada al rechazar un documento sin diálogo. Por ahora la aritmética parlamentaria no da el aprobado a un decreto ley que como tal no admite enmiendas, solo ser convalidado o derogado. Por ello, el Gobierno está en contacto con los grupos políticos en busca del apoyo que le permita salvar un texto que, asegura, no puede modificarse porque cuenta con el respaldo de la Comisión Europea y que, salvo cambios de última hora, se llevará al Congreso en plena huelga de la estiba.

Una alternativa sería que el Ejecutivo optase por tramitar el texto de la reforma como proyecto de ley, algo que sería visto con buenos ojos por los partidos, pero entonces estaría sujeto a las enmiendas que pudiese introducir una oposición que tiene mayoría, algo que chocaría de nuevo con la imposibilidad de cambios alegada por el Ministerio.

El real decreto no cambia por tanto respecto a su planteamiento inicial. La norma prevé la desaparición de las sagep en el plazo máximo de tres años desde su convalidación, para ser sustituidas por centros portuarios de empleo que funcionarán bajo la regulación de empresas de trabajo temporal. Las empresas podrán contratar a los estibadores libremente siempre y cuando cumplan los requisitos de formación y experiencia exigidos: una determinada titulación o que acrediten más de 100 jornadas de trabajo en la estiba. Aunque también introduce la posibilidad de que el personal de a bordo efectúe la estiba, algo muy criticado por los sindicatos por considerarlo una puerta abierta a los despidos en territorio español y a la inseguridad en esas tareas.

Uno de los principales puntos de conflicto del texto aprobado ayer es la asunción por parte de las autoridades portuarias de los pasivos laborales generados con anterioridad a la sentencia de 2014, es decir, que tendrán que sufragar las indemnizaciones de los trabajadores de las Sagep que sean despedidos. Una medida justificada por el Ejecutivo en la necesidad de "igualar la situación competitiva de los operadores privados ya establecidos con los que se incorporen ex novo a la prestación de este servicio".

El Ministerio considera que estos dos puntos contribuirán a garantizar los empleos del sector y a fomentar que las empresas subroguen a los trabajadores, una de las principales reivindicaciones que plantean los sindicatos del ramo (la Coordinadora de Trabajadores del Mar, CCOO, UGT, CIG y CGT), que han ratificado los paros convocados contra la reforma.

"El Gobierno hoy (por ayer) con esta aprobación ha cumplido con su obligación de acatar una sentencia, pero esto no es el final de nada sino el principio", aseguraba De la Serna, que instaba a patronal y trabajadores a "intensificar" las negociaciones sobre el convenio colectivo, que tienen un año para aprobar tras convalidarse el decreto. "Ahí se puede llegar a un entendimiento que garantice la estabilidad en el empleo y los derechos sociales", señaló De la Serna.

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