La consejera de Obras Públicas y Transportes, Concepción Gutiérrez, aprobó ayer la que será su última ley al frente del Gobierno andaluz, ya que se presentará como cabeza de lista por Jaén al Congreso de los Diputados en las próximas elecciones. Emocionada al término del debate, sacó adelante la Ley de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía, norma que no será la más importante de su carrera política, pero sí una de las más azarosas.

Esta norma, técnica e inocua en principio, será vigilada de cerca por los concesionarios de los puertos deportivos, quienes ya avisaron incluso de llevar la norma al Tribunal Constitucional. La apuesta clara de Gutiérrez por la "sostenibilidad y la perspectiva territorial y ambiental" hace temer a los empresarios de los puertos por la pérdida de valor turístico. De hecho, la norma introduce como principal novedad que los usos hoteleros de nueva implantación dentro del recinto portuario deben estar sujetos a la "autorización excepcional" por parte del Ejecutivo autonómico.

La consejera señaló ayer en el Pleno del Parlamento andaluz que la nueva ley actualizará la legislación sobre la materia para adaptarla a los nuevos objetivos de planeamiento urbanístico y de protección ambiental del litoral y hará frente a las necesidades del sistema portuario autonómico en su triple vertiente comercial, pesquera y deportiva.

Pero no fue capaz de convencer al PP, que votó en contra. El diputado popular Jorge Ramos calificó de "mala" la Ley, ya que lo "único que pretende es manosear" en una actividad, "negando la iniciativa privada, la economía de mercado y los impulsos que necesita Andalucía para su desarrollo económico". Sólo IU defendió la necesidad de una nueva ley. El diputado Antonio Romero destacó la importancia que tiene el sistema de tasas por los usos deportivos o pesqueros, debido a los efectos que ello pueda tener en la conservación medioambiental. En la votación, el PA se abstuvo, aunque la portavoz parlamentaria, Pilar González, advirtió de que la norma "supondrá un freno para el desarrollo de las ciudades" ya que puede "vulnerar la autonomía local".

A partir de su entrada en vigor, los nuevos puertos que se construyan deberán ser declarados de interés de la comunidad autónoma y estar obligatoriamente previstos en los planeamientos territorial y urbanístico. Andalucía cuenta con 88 instalaciones portuarias, de las que siete están declaradas de Interés General del Estado y 81 son de competencia autonómica, que son las que estarán reguladas por la futura ley. De estas últimas, 42 son deportivas, treinta pesqueras y nueve comerciales.