La tesorera declara que la nómina se pagó con el dinero de Lábaro

  • Afirma ante la juez que emitió un informe explicando que no podía utilizarse para tal fin y que Juárez respondió que él lo ordenaba · Agrega que la orden de pago la dio Gonzálvez como alcalde accidental

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La tesorera del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, Isabel Ruiz Ruiz, declaró el pasado lunes ante la titular del juzgado de instrucción número uno, Carmen Longo, que el último pagaré de Roseworld, de un millón de euros y abonado por el Grupo Lábaro, se destinó al pago de la nómina.

En su declaración, a la que ha tenido acceso Europa Sur, la tesorera, que acudió al juzgado en calidad de testigo, explicó que "es cierto que emitió un informe -cuya copia fue aportada y admitida por la juez- en el que se advertía a los responsables de que las cantidades derivadas de dicho pagaré no podían ser utilizadas, dado que se había acordado sobre ellas una intervención y depósito judicial".

No obstante, Isabel Ruiz agregó en su comparecencia ante Carmen Longo, en el procedimiento abreviado 26/2008 o caso Roseworld, que "hubo contestación a través de un decreto de Alcaldía -cuya copia también fue admitida por la juez- en el que se venía a decir que el alcalde es el ordenante de los pagos y lo destina al pago de las nóminas".

Pese a ello, la tesorera aclaró que la orden de pago "la dio el alcalde accidental", en este caso Gabriel Gonzálvez, aunque matizó que no sabía "si esta persona tenía conocimiento de la documentación que a su vez había notificado al alcalde".

A preguntas de los abogados sobre si ésta es una práctica habitual en el Ayuntamiento, Ruiz manifestó que no podía decir si es o no práctica habitual "que las cantidades percibidas por la venta de suelo se dediquen al pago de los gastos corrientes, ya que es el único supuesto que se le ha presentado".

Sin embargo, reiteró que su informe fue notificado al alcalde, Juan Carlos Juárez, "y demás responsables antes del pago de la nómina. Aún así, el pago de dicha nómina se efectuó con ese ingreso", puntualizó.

También prestó declaración el lunes ante la juez del número uno el anterior tesorero, Javier Marín García, que aseveró ante Carmen Longo que "en ningún momento tuvo en su poder el último pagaré", así como que durante el periodo que ejerció de tesorero, "no tuvo conocimiento de la existencia de ese pagaré", aportando documentación acreditativa de dichos extremos que fue admitida por la juez.

Añadió Javier Marín que no considera "una práctica normal" estas omisiones y que "debería haber sido informado y por ello lo puso en conocimiento del juzgado".

Por otro lado, el antiguo tesorero aseguró que "no sólo este pagaré" no pasó por sus manos, sino que el resto de pagarés derivados de la venta de cuatro parcelas municipales situadas en la barriada de La Colonia a la mercantil Roseworld tampoco pasaron por la Tesorería del Ayuntamiento linense.

Además, dijo en su declaración el lunes que el destino de estos ingresos en las arcas municipales "fue para el pago de nóminas" y que la orden de pago "la dio el alcalde".

La declaración más extensa ante el juzgado de instrucción número uno fue la del anterior interventor municipal, Sergio Gómez Cózar, imputado en el caso junto al alcalde, Juan Carlos Juárez; el ex concejal de Urbanismo, Carlos Ruiz Calama; los ediles del Partido Popular Francisco Muñiz, Juan Montero y María de la Cruz Atienza; los empresarios Anil Thakurdas y Kevin Phelan; Abuztúa Inversiones 2006 S. L.; Lábaro Grupo Inmobiliario S. A.; y el ex secretario general del Ayuntamiento linense, Agustín Sevillano.

Además de realizar diversas puntualizaciones sobre el proceso de adjudicación de las cuatro parcelas a la empresa Roseworld en detrimento de Promaga, ya que formó parte de la Mesa de Contratación, Sergio Gómez Cózar apuntó que la orden de pago de la nómina que supuestamente fue abonada con un pagaré de un millón de euros "la dio el alcalde accidental, Gabriel Gonzálvez".

El antiguo interventor agregó que, a su juicio, el teniente de alcalde Gabriel Gonzálvez "no podía saber que estas cantidades debían ser ingresadas inmediatamente en la cuenta del juzgado de instrucción".

Por otra parte, manifestó que cada vez que se hace una venta de suelo, "deja señalado que no se pueden destinar esos ingresos al pago de gastos corrientes", aunque en los pagos parciales "no hace tal advertencia".

Por último, Gómez reseñó que, en la actualidad, "existen unos 27 millones de euros presupuestados como patrimonio municipal de suelo aunque luego no existan esas cantidades de forma líquida".

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