La entrada en funcionamiento de los autobuses de Transportes Generales Comes el pasado día 8 terminó con más de tres años de incumplimientos del contrato y de deficiencias graves en la prestación del servicio por parte de la anterior concesionaria, Transportes Urbanos de La Línea, del grupo Los Amarillos. Desde que asumió el servicio no cumplió las condiciones reflejeadas en el pliego, según ha constatado el Ayuntamiento de La Línea.

El contrato se adjudicó en el pleno celebrado el 7 de agosto de 2014, aunque la empresa ya venía prestando el servicio desde se acabara el contrato con CTM, la anterior concesionaria, a finales de 2013. Tras innumerables incumplimientos, con días en los que incluso la empresa no prestó el servicio por la avería de los vehículos, la mercantil presentó un escrito el 25 de mayo de este año en el que solicitaba la resolución del contrato de mutuo acuerdo por "inviabilidad económica" del servicio en las condiciones actuales. La petición llegó días después de que el teniente de alcalde delegado de Concesiones, Mario Fernández, remitiera a la compañía un escrito en el que le requería que subsanara las deficiencias.

La empresa justificó las dificultades para prestar el servicio en la falta de financiación municipal, aunque al firmar el contrato asumía que podía prestarlo sin esa aportación del Ayuntamiento. Las continuas deficiencias en la prestación del servicio y la presión de los usuarios y del equipo de gobierno acabaron por impulsar la petición de resolución de mutuo acuerdo, aunque finalmente fue de forma unilateral por parte del Ayuntamiento por incumplimiento de contrato. Mientras sale a licitación de nuevo el servicio, Comes funciona de forma temporal con un autobús que cubre todas las líneas durante 16 horas al día. El nuevo pliego sí contemplará una subvención municipal.

Durante los últimos meses la Policía Local ha realizado varios atestados por deficiencias graves de los vehículos y por carecer de la obligatoria ITV. Entre los incumplimientos estaban la falta de mantenimiento de los autobuses, el hecho de no cubrir todas las líneas con continuidad según lo establecido en el contrato o no disponer de una flota de cinco vehículos, además de uno de reserva, con las características reflejadas en el pliego -establecía que no podían tener más de 10 años de antigüedad.

La continuidad se ha visto interrumpida en numerosas ocasiones. Este diario denunció varias veces que no había vehículo o que sólo había un autobús en la ciudad, y el Ayuntamiento lo constató, por ejemplo, entre el 4 y el 8 de mayo de este año. Eso para cubrir cuatro líneas, por lo que muchos usuarios optaban por compartir taxi. Las cifras reflejan un descenso de los usuarios según se iban sucediendo esas carencias. De los 315.147,70 euros de ingresos en 2014, la empresa pasó a 157.615,40 en 2016. También bajó el número de usuarios. De 348.067 en 2014, a 174.625 en 2016.

El incumplimiento grave podía conllevar multas de 3.000 a 30.000 euros y la revocación unilateral del contrato, decisión que incluso fue avalada por el pleno de la corporación municipal por unanimidad. En el expediente que derivó en la resolución del contrato se reflejan incumplimientos de obligación especial. Estos son que los vehículos tenían una antigüedad de más de 10 años, que han circulado en ocasiones sin ITV en vigor, que algunas veces han sido inmovilizados por la Policía Local por su mal estado, la falta de prestación del servicio por averías o la falta de regularidad de las líneas. Ese documento también recoge que a pesar de haber requerido en varias ocasiones a la empresa que subsane los problemas, el servicio siguió prestándose con esas graves carencias.

La empresa se defendió afirmando que "nunca ha dejado de cumplir sus obligaciones" y que lo ha hecho "siempre intentando lograr una mayor satisfacción tanto de usuarios como del propio organismo que lo contrata". Los Amarillos hizo hincapié en que siempre "ha realizado todos los esfuerzos posibles por llevar a cabo un servicio de calidad pese a tratarse de un servicio deficitario desde su inicio".

La compañía reflejaba en el escrito en el que solicitaba la resolución del contrato de mutuo acuerdo que aunque no se contemplaba el pago de subvención alguna por parte municipal, "el Ayuntamiento está obligado a mantener el equilibrio económico de la concesión, así como destinar el servicio de transporte todas aquellas subvenciones que perciba" por la prestación del servicio. No obstante Los Amarillos reconocía que la realidad del servicio distaba de los pliegos, pero lo achacaba a que los costes superaban a los ingresos.

La empresa preguntó por la subvención anual del Ministerio de Hacienda para el transporte urbano en autobús y alegó que la sociedad Transportes Urbanos de La Línea ha acumulado unas pérdidas de casi 9.000 euros, "lo que la coloca en una posible causa de disolución".