El grupo de cinco extrabajadores de la extinta radiotelevisión municipal de La Línea que ha llevado el caso de sus despidos por la vía penal ha solicitado al titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Cádiz, a través de su abogado y su procuradora, que dicte sentencia que acuerde calificar como culpable el concurso de acreedores de la Sociedad Municipal de Comunicación (Somdeco) que se sigue en ese juzgado. Si un concurso se califica como culpable conlleva que el juez pueda condenar a los administradores de la sociedad a pagar a los acreedores concursales las cantidades que no perciban tras la liquidación de la masa activa.

El documento presentado en la sede judicial, en el que los afectados solicitan ser parte del concurso de acreedores, dispone que la calificación del concurso como culpable debería afectar a los miembros del consejo de administración de Somdeco durante los dos años anteriores a la solicitud del concurso, hecho que tuvo lugar en 2014. El escrito indica que en esos dos años anteriores eran miembros del consejo la por entonces alcaldesa, Gemma Araujo, y los ediles también socialistas Francisco Espada y Asunción Barranco. Por el PP formaban parte de este órgano María Teresa García Mellado y Juan Francisco García Medina, que falleció en junio de 2012. Por el PA estaba Ángel Villar, mientras que representando a IU formaba parte del consejo Ceferina Peño.

Sus representantes legales indican que la sociedad se mantenía "de forma artificial"

De forma subsidiaria, en caso de que no se estimase la responsabilidad de los consejeros, los representantes legales de los despedidos indican que deberían verse afectados por la declaración del concurso como culpable Gemma Araujo, como presidenta del concurso, y Francisco Espada como liquidador. El documento justifica esta petición: "Esto es debido a que todos ellos, en ejercicio de las facultades y obligaciones del cargo ostentado en la administración colegiada, y a falta de la existencia de un gestor que ejerciera la administración de hecho, quien en tal caso también debiera ser responsable, fueron conocedores de la insolvencia y el perjuicio que se estaba causando y se iba a causar a acreedores y terceros".

En las alegaciones presentadas en el concurso los representantes de los cinco extrabajadores de Somdeco destacan que el consejo de administración era conocedor "de la incapacidad de la mercantil de generar ingresos por su propia actividad", ya que los ingresos por publicidad eran "manifiestamente insuficientes", como se venía poniendo de manifiesto desde la constitución de la sociedad, en 2001. Al respecto el administrador concursal indica que la actividad era mantenida "de forma artificial" a través de las aportaciones del único socio de la mercantil, el Ayuntamiento de La Línea.

"De esta forma cabe concluir que el consejo de administración de Somdeco era perfecto conocedor de la insostenibilidad de la actividad mercantil", indica el escrito, en que se recoge un cuadro de las aportaciones del Ayuntamiento a la radiotelevisión entre 2009 y 2012, que entre esos años fue del 80% al 100%. El documento también hace referencia a la "negligente gestión de cobros de los ya insuficientes ingresos por publicidad", y recuerda que en la masa activa hay un saldo de 1.155.666,50 euros de servicios que fueron prestados pero no cobrados, "ante lo que el consejo de administración no tomó ningún tipo de medida a pesar de la creciente morosidad a que se enfrentaba cada ejercicio".

La falta de documentos es otra de las preocupaciones de la representación jurídica de los afectados, que recuerda que no se conoce con exactitud el importe de la cesión de crédito que se hizo desde otra empresa municipal, Emusvil, para abonar varias nóminas a los trabajadores. También destaca que no está acreditada la ausencia de parte del equipo técnico que había en las instalaciones de la radiotelevisión municipal.

Otro de los motivos para solicitar que el concurso sea calificado como culpable es que debido a la mal situación económica de la sociedad desde, al menos, 2009, el concurso de acreedores tenía que haberse solicitado antes de 2014. "Durante los ejercicios de 2009 al de 2013 su pasivo exigible era manifiestamente mayor a su activo circulante, lo que determina una insolvencia técnica evidente". Por ejemplo, en 2009 la diferencia entre el activo circulante y el pasivo exigible era de 605.784,89 euros, mientras que en 2013 esa cantidad aumentó hasta los 1.327.261,54.

"Cabe concluir de forma rotunda que, desde al menos el año 2009, la concursada debió solicitar el concurso de acreedores, pues era claro conocedor de su estado de insolvencia, que le impedía hacer frente de forma regularizada a las obligaciones de pago". El hecho de que el concurso se solicitara a finales de 2014 provocó "que se agravara la situación financiera de la mercantil". Tampoco constan en el Registro Mercantil las cuentas de los ejercicios a partir de 2009. Las últimas depositadas fueron las 2008, en el año 2010. Tampoco han sido auditadas, a pesar de la obligación de que las cuentas estén sometidas a este control.