Los denunciados del caso Periáñez declaran en junio

  • Izquierda Unida decide en asamblea que se personará como acusación en esta causa sobre una operación urbanística

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Izquierda Unida (IU) informó ayer, mediante un comunicado, que el alcalde, Juan Carlos Juárez, la técnico municipal Sonia Rey, el promotor linense Lorenzo Pérez-Periáñez y los representantes de la empresa Bahía Romana acudirán a los juzgados a prestar declaración la primera semana del mes de junio por una operación urbanística realizada en 2004 a raíz de un convenio firmado en 1998.

La Fiscalía solicitó al juzgado que tomara esta determinación en la denuncia que interpuso este mismo mes, aunque en ella pedía que acudieran en calidad de imputados, sin embargo este medio no pudo confirmar si se hará así o lo harán como testigos.

Además, IU aprobó en asamblea la personación como acusación en este procedimiento judicial, cuyos trámites ya se han iniciado.

El partido espera que Juárez "demuestre sus ganas de que la justicia funcione con rapidez y colabore con su asistencia puntual a todas y cada de las citaciones que le vayan llegando".

La Fiscalía presentó una denuncia, con fecha de entrada en el registro de los juzgados de 3 de abril, por supuestas irregularidades en una operación urbanística, motivada por otra denuncia que a su vez realizó IU al Ministerio Fiscal en el año 2006.

Los hechos se remontan a 1998, siendo alcalde José Fernández Pons del PP. Fue entonces cuando mediante convenio Lorenzo Pérez-Períañez Troya cedió al municipio una parcela, hoy incluida en los terrenos para el nuevo hospital, para construir un instituto que finalmente no se realizó, a cambio de que el Ayuntamiento recalificara algunas parcelas de su propiedad. Si esto no se producía, el municipio debería abonarles 300.000 euros más el IPC o revertirles el terreno. Llegado el 2004 y aconsejado por los técnicos municipales, según el abogado de Juárez, Javier Saavedra, el alcalde decidió revertir la finca a su propietario, que la vendió después a Bahía Romana por 400.000 euros. IU y la Fiscalía entienden que con esta forma de proceder se ha perjudicado al municipio que podía haber abonado lo que le correspondía y haber vendido luego la parcela por mucho más. Sin embargo, desde el equipo de gobierno defienden la actuación de Juárez.

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