La Línea

El alcalde comparece hoy en el Juzgado para ratificarse en la denuncia a la RPT

  • La Fiscalía da curso por la vía penal a la demanda presentada por el equipo de gobierno, que ve supuestos delitos de prevaricación y malversación

  • Franco acude tras ser citado por el juez

Una de las reuniones para negociar la RPT celebrada en los últimos meses.

Una de las reuniones para negociar la RPT celebrada en los últimos meses. / a. carrasco

El alcalde de La Línea, Juan Franco, comparecerá hoy en calidad de denunciante en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción para ratificarse en la denuncia que presentó ante la Fiscalía de Área de Algeciras el pasado mes de septiembre por la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que fue aprobada en pleno el 20 de diciembre de 2013, con Gemma Araujo como alcaldesa y el PSOE y el PA en el gobierno local.

Según pudo conocer este diario de fuentes cercanas al Ayuntamiento, Franco ha sido citado por el juez después de que la Fiscalía le haya dado curso por la vía penal a la denuncia. El equipo de gobierno trasladó la aprobación de esa RPT a la Fiscalía porque entendía que los anteriores responsables municipales podían haber incurrido en presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos porque fue se llevó a pleno y posteriormente fue aprobada con informes en contra del interventor y del secretario general del Ayuntamiento.

El instrumento fue aprobado en pleno en diciembre de 2013 con informes desfavorables

Con la vía penal se abre una nueva vía judicial sobre la RPT de diciembre de 2013, cuya aprobación ya cuenta con sentencias que la declaran nula por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo y del TSJA porque los complementos fijados en este documento sobrepasaban los límites impuestos por la normativa. La Relación de Puestos de Trabajo fue aprobada para dar acomodo a los pluses creados en el año 2000 bajo el mandato de Juan Carlos Juárez después de que la Cámara de Cuentas advirtiera de esta irregularidad. Este informe también señalaba que no se tenía constancia de la existencia de un documento que justificase el incremento del complemento específico, por lo que instó al Ayuntamiento a adoptar las medidas necesarias para regular la situación y garantizar el cumplimiento de la legislación aplicable.

La solución que le dio el equipo de gobierno liderado por Gemma Araujo fue la RPT ahora anulada, que en su día salió adelante con los votos de PSOE, PA y el concejal no adscrito, Pepe Infante. IU votó en contra y el PP se abstuvo.

En ese pleno Araujo dijo de IU y PP que "no estuvieron a la altura de las circunstancias" por rebatirla y dejó claro que se hizo una "foto fija, sin Photoshop" de la situación de los trabajadores municipales para que éstos no perdieran los 408 euros de los complementos declarados ilegales por el informe de la Cámara de Cuentas.

IU indicó que esa RPT dejaba muchos aspectos en el aire, como la arbitrariedad de algunas retribuciones y subidas que no tendrían cabida por incumplir la normativa en los presupuestos de 2013.

El PP dijo que esta RPT era "de puro trámite" y que no aportaba nada nuevo. Al respecto, el entonces portavoz del PA, el ya desaparecido Juan Carlos Villalba, reconoció que ésta no era la RPT que todos querían, pero explicó que se llevaba a pleno "después de conseguir el consenso de todos los sindicatos" e indicó que reflejaba "lo mínimo y necesario que debemos hacer".

Con este panorama el equipo de gobierno decidió retirar las cantidades correspondientes a esos pluses, los conocidos como 408 euros, desde la nómina correspondiente a septiembre del año pasado, lo que causó el malestar y las críticas de buena parte del personal municipal y de los sindicatos.

El Ayuntamiento, por su parte, está obligado a aprobar una nueva RPT según un auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Algeciras tras una denuncia interpuesta por el sindicato SPLL.

La RPT de diciembre de 2013, que entró en vigor en enero del año siguiente, también tiene otro frente abierto. Como este diario publicó en noviembre del año pasado, un instructor nombrado por el Tribunal de Cuentas solicitó al Ayuntamiento de La Línea un listado de los miembros de la corporación municipal desde 2009 hasta 2012 para indagar si hubo algún tipo de responsabilidad por alcance en el proceso de aprobación, primero, y en el de fiscalización, en los años siguientes, de las subidas salariales firmadas por Juan Carlos Juárez en junio de 2009 que intentaron ser regularizadas en la referida Relación de Puestos de Trabajo.

El Tribunal también investigaba la contratación de un crédito firmado en mayo de 2005 considerado por la Cámara de Cuentas de Andalucía "extremadamente gravoso" para la tesorería municipal y que estuvo vigente hasta 2014.

Días después de que este diario diera a conocer la denuncia presentada ante la Fiscalía por la RPT, el pasado mes de noviembre, el PSOE linense mostró su sorpresa por la intención del alcalde de "judicializar" la vida política municipal. "Es llamativo que la primera autoridad municipal plantee una medida tan drástica ante los tribunales, cuando se ha manifestado en repetidas ocasiones contrario a judicializar la vida política del Ayuntamiento y se rasga las vestiduras cuando le hablan de irregularidades o se mencionan palabras como presunta prevaricación o presunta irregularidad".

En este mismo comunicado los socialistas afirmaron que estaban "muy tranquilos". "El Partido Socialista demostró en todo momento su responsabilidad de gobierno y el incuestionable esfuerzo por gobernar esta ciudad cuando le correspondió, en las más pésimas condiciones económicas que se recuerdan en esta ciudad en muchos años", indicó el PSOE.

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