UPL exige al Ayuntamiento que aclare a cuánto asciende la deuda de jardines

  • Montero explica que los trabajadores no subrogados no eran jardineros sino del servicio técnico de la empresa · El PSOE vota a favor de la zona aeroportuaria aunque rechaza el uso comercial

El equipo de gobierno aprobó ayer en solitario la rescisión del contrato del servicio de jardinería con la empresa Sufy-Rayet en el pleno de la Corporación municipal con carácter retroactivo, ya que el pasado lunes dejó de desarrollar el trabajo y la plantilla y el servicio fueron asumidos por el Ayuntamiento.

Los grupos de la oposición expresaron su malestar por una nueva empresa concesionaria que se marcha de la ciudad por impago del equipo de gobierno. El concejal del UPL, Antonio García Buendía, exigió que se hiciera pública la deuda que el municipio tiene contraída con Sufi-Rayet porque se ha dicho que ronda los dos millones de euros “pero no nos han informado exactamente a cuánto asciende y al parecer hay controversia y no se ponen de acuerdo”. Buendía también expresó su preocupación por los cuatro trabajadores que no han sido subrogados, inquietud que comparte el edil de IU, Andrés Martín.

El portavoz del PP, Juan Montero, explicó que los empleados que no han sido subrogados por el Ayuntamiento “son de servicios generales y técnicos y no jardineros y por lo tanto entendemos que no tenemos  que asumirlos”. Además, aseguró que el Ayuntamiento contará con los útiles y la maquinaria necesarios para hacer el servicio.

Además, la Corporación sacó adelante, con la abstención de IU que tiene algunas dudas sobre el proyecto, la modificación del plan de sectorización del suelo para la zona de servicios aeroportuarios, incorporando así las sugerencias que realizó la Comisión Provincial de Urbanismo (CPU) de la Consejería de Obras Públicas tras la aprobación definitiva de dicha actuación urbanística.

El portavoz del PSOE, Miguel Tornay, destacó que “somos conscientes de la importancia del proyecto” y explicó que aunque no comparten que pueda darse un uso comercial en esos terrenos y que discrepan con la CPU se muestran a favor del proyecto. Por su parte, el concejal de Urbanismo, Manuel Aguilera, explicó que “los suelos están catalogados como equipamiento comunitario y por lo tanto se permite el uso comercial en al zona y Obras Públicas también lo ha interpretado de esta forma”. La adjudicación del concurso de la concesión de aparcamientos de bicicletas y motos a Impursa salió adelante con el apoyo de todos los grupos a excepción de IU, que se abstuvo. La rectificación de errores materiales en los estatutos de la Agencia para el Desarrollo Económico fue aprobada por unanimidad por los grupos políticos.

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