El secretario provincial de la FSP-UGT, José Porras Naranjo, tiene claro que detrás del traslado de José Alfonso Ruiz Pau a los servicios sociales de La Atunara "existen motivos políticos e intereses ocultos".

Porras Naranjo explicó que como presidente de la junta de Personal recibió la comunicación del traslado y que la firmó pero indicó que no estaba conforme con el traslado del funcionario municipal.

"No es un cambio normal y corriente. A nadie se le escapan los motivos reales por los que el equipo de gobierno ha decidido efectuar este traslado", señaló el representante sindical, que añadió que Ruiz Pau contará con el apoyo de la junta de Personal y de la UGT. Porras Naranjo expresó su malestar porque "no se ha contado ni con el trabajador, ni con los sindicatos, a la hora de estudiar y proponer este cambio".

Este medio trató de ponerse en contacto con el responsable de la sección sindical de CCOO en el Ayuntamiento, José Luis Aparicio, sin éxito.

El Ayuntamiento decretó el pasado viernes el traslado del letrado asesor José Alfonso Ruiz Pau de la concejalía de Hacienda a la de Servicios Sociales. El funcionario municipal, que está imputado en el caso Roseworld, presentará una alegación al no estar de acuerdo con una medida que no ha sido consultada con los sindicatos.

El concejal de Personal, Gabriel Gonzálvez, explicó entonces que el traslado se debía a que en su nuevo destino Ruiz Pau "puede sentirse más cómodo y obtener una mayor satisfacción" y apuntó que su nuevo puesto "tiene una gran carga de trabajo jurídico", sin embargo reconoció que el funcionario ha expresado su disconformidad" con esta decisión y ahora dispone de siete días para alegar. Una vez finalizado el plazo se tomará una decisión en un sentido o en otro.

El pasado día 18, José Alfonso Ruiz Pau, que fue sectario de la Mesa de Contratación que vendió cuatro parcelas municipales a Roseworld, reiteró ante la titular del juzgado de instrucción número 1 de La Línea que la exclusión de Promaga, la otra empresa que optaba a los terrenos, no fue, a su juicio, "correcta", y aseguró que esta circunstancia la puso de manifiesto en un documento aportado ese día y que fue admitido por la juez, con fecha de 12 de diciembre de 2005, "en el que consta haber sometido a pleno el asunto sin haberse resuelto las observaciones y reclamaciones presentadas por Promaga, las cuales se debieron resolver con carácter previo a la celebración del pleno". En su declaración, Ruiz Pau hizo hincapié en que sus funciones como secretario de la mesa se limitaron a "velar por la legalidad formal, es decir, levantar acta de la evolución de la sesión y comprorbar la documentación de conformidad con el pliego de condiciones , sin intervención alguna en la redacción".