El Partido Popular alerta de que un año después del cierre de la residencia de mayores de La Línea por parte de la Diputación de Cádiz (gobernada por el PSOE), la puesta en marcha del nuevo centro en Santa Margarita, prevista para 2020, sigue en el aire. Los populares recuerdan que para que estas nuevas instalaciones abran en verano de 2020, fecha que ofreció la institución provincial, las obras tenían que haber salido a licitación en el primer trimestre de este año. Sin embargo, aún no se han publicado los pliegos.

Los populares también expresan sus dudas sobre la planificación presupuestaria de los trabajos -un millón de euros para 2018, tres millones para 2019 y otro millón en 2020- "no garantiza que los residentes vuelvan a unas instalaciones públicas y dirigidas directamente por la institución provincial en 2020".

El PP también critica que el "cerrojazo" de la antigua residencia le ha salido "caro" a la Diputación "porque se suspendieron contratos de suministros y servicios en vigor que conllevaron indemnizaciones, pero ignora el montante total porque el Gobierno de Irene García no ha respondido a las preguntas formuladas al respecto".

Esa cantidad, según señalan los populares, se ha disparado por el convenio firmado con Asansull, que se hace cargo de los usuarios del antiguo geriátrico por más de 870.000 euros anuales. Son 70,25 euros al día por cada uno de los 34 usuarios que tienen plaza concertada con la Diputación. También critica el desembolso por el transporte de los trabajadores del centro de La Línea que fueron trasladados a las residencias de El Puerto y Cádiz, un gasto de 124.000 euros al año "y que perjudica los intereses de los empleados".

Los populares esperan que la Diputación "rectifique y comience a trabajar de verdad en el impulso de la nueva residencia". "Hasta el momento sólo mueven papeles", señala el PP.