La nueva sede de los Juzgados de La Línea, en el paseo de La Velada, fue escenario ayer de una agresión por parte de los miembros de un conocido clan de Los Junquillos a integrantes de otra familia de la misma barriada. Las dos partes habían sido citadas a una vista oral por la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 a raíz de una denuncia interpuesta por una de las familias a la otra después de que ambas protagonizaran algún que otro desencuentro. Fue en el interior del edificio, en la sala de vistas, donde ocho miembros de una de los clanes agredieron a un hombre y una mujer de la otra parte. El resultado fue la detención de dos de los agresores, que provocaron heridas en la cara al hombre y arrancaron un mechón de pelo a la mujer.

La Policía Nacional desplazó seis vehículos y una docena de agentes hasta la sede judicial en previsión de que se produjera algún altercado. El incidente causó un profundo malestar entre los vecinos del edificio Real Velada, en cuyos bajos se ubican los Juzgados, que ya estaban muy molestos ante la apertura de la sede judicial en un lugar que, según han denunciado en varios procesos judiciales, no cumple con las condiciones adecuadas y en el que les causa bastante molestias.

El incidente se salda con dos personas detenidas y un hombre con heridas levesLos residentes del edificio Real Velada esperan a que la justicia se pronuncie

A estas quejas se han unido los vecinos del entorno de La Velada y los padres y madres del colegio del mismo nombre. Precisamente una hora antes de que tuviera lugar este altercado, sobre las 10:30, unos 100 alumnos de este centro educativo pasaron por la puerta de los Juzgados para tomar los autobuses que los llevarían de excursión a Sevilla, que aguardaban en la plaza de toros.

La comunidad de propietarios del edificio Real Velada, cuyo administrador es José Miguel Marín, está muy pendiente de la situación de los juzgados y denuncia que aunque ya está abierta la nueva sede aún no está funcionando como debería. El administrador señala que el arco de detección de metales sigue embalado en un rincón de estas dependencias y advierte de que si alguno de los que se vieron envueltos en el altercado hubiese llevado un arma blanca o de fuego se podía haber producido una desgracia.

Tampoco ha entrado en funcionamiento el ascensor para subir a la primera planta, donde se ubican las oficinas de cada uno de los cuatro juzgados. "Esta era una de las prioridades para cambiar los jugados de sede y ahora resulta que hay un problema con éste y sigue parado y los usuarios sin poder acceder a la entreplanta", destaca José Miguel Marín.

Los propietarios, que ya tenían una sentencia favorable de la Audiencia Provincial de Cádiz tras una denuncia a la promotora por la reforma de la entreplanta, llevaron la licencia de primera ocupación y la licitación ante la Fiscalía, que ha archivado la denuncia por considerar que los hechos denunciados no son constitutivos de delito. Sin embargo, los afectados volverán a presentar la denuncia, esta vez concretando mas los hechos y los autores, porque entienden que se ha prevaricado.

También tienen otra vía abierta, por lo contencioso-administrativo, contra las licencias otorgadas por el Ayuntamiento. Aún están pendientes por resolverse las medidas cautelares. Los vecinos piden que se paralicen esas licencias hasta que haya sentencia. La Junta de Andalucía se opone a las medidas cautelares amparándose en las malas condiciones de la anterior sede, en la avenida Menéndez Pelayo; en que el traslado al actual edificio está totalmente finalizado, y que es imposible volver al anterior lugar porque causaría un importante perjuicio para los trabajadores de la administración de justicia y otro desembolso económico.

La administración autonómica también señala que si se estima la adopción de la medida cautelar solicitará que se exija a la parte demandante una "garantía suficiente para responder de los daños que podrían derivarse de esta citada medida". La cuantía de dicha garantía sería igual a la cuantía del contrato de arrendamiento, que asciende a 874.697,58 euros, más 16.800 euros correspondientes a la mudanza ya efectuada. "En tanto, de estimarse la medida, esta administración se vería obligada a la tramitación de un nuevo procedimiento de contratación para el arrendamiento de una nueva sede, siendo preciso la evacuación del nuevo local que constituye la sede de estas instalaciones judiciales, con el gasto que ello conlleva".

Ante esta situación los vecinos se muestran a la expectativa. "A no ser que haya una medida cautelar, tenemos que esperar a tener una sentencia firme del procedimiento civil contra las obras de los elementos comunes o del contencioso administrativo. Esto será, como mínimo, hasta dentro de dos o tres años. Mientras tanto tendremos que seguir 'disfrutando' de la actividad judicial en la zona y a cruzar los dedos porque no haya una desgracia. Seguimos sin aparcamientos, con inseguridad total, con más suciedad y con acumulaciones de personas envueltas en peleas, agresiones, contrabando...", lamenta el administrador de la comunidad de propietarios.