El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de La Línea ha acordado la apertura de diligencias previas para profundizar en la denuncia presentada por el actual equipo de gobierno contra el anterior -el liderado por la socialista Gemma Araujo- que aprobó en diciembre de 2013 una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) posteriormente anulada por los tribunales.
El regidor linense, Juan Franco, ha sido citado para declarar en calidad de testigo el próximo mes de octubre. Franco, como máximo representante de la entidad local, es el impulsor del procedimiento judicial que se inició en septiembre de 2016 con la presentación de la denuncia ante la Fiscalía de Área de Algeciras. El texto fue admitido a trámite en su día y ratificado el pasado mes de abril.
El gobierno local denunció ante la Fiscalía la aprobación plenaria de la RPT, que tuvo lugar en una sesión celebrada el 20 de diciembre de 2013, por entender que los anteriores gestores políticos municipales podían haber incurrido en presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Esa RPT fue llevada al Pleno y posteriormente aprobada pese a contar con informes en contra del interventor y del secretario general del Ayuntamiento.
La providencia de citación para Juan Franco llegó ayer a la entidad local, según confirmaron a Europa Sur fuentes municipales. Con la incoación de estas diligencias previas el proceso judicial contra todos los representantes públicos que votaron a favor de la aprobación de dicho trámite sigue adelante, lo que puede derivar en próximas fechas en la citación de estos como investigados.
La Relación de Puestos de Trabajo fue aprobada para dar acomodo a los pluses creados en el año 2000 bajo el mandato de Juan Carlos Juárez después de que la Cámara de Cuentas advirtiera de esta irregularidad. La entidad fiscalizadora también señalaba que no se tenía constancia de la existencia de un documento que justificase el incremento del complemento específico, por lo que instó al Ayuntamiento a adoptar las medidas necesarias para regular la situación y garantizar el cumplimiento de la legislación aplicable. La solución que le dio el equipo de gobierno liderado por Gemma Araujo fue la RPT, que en su día salió adelante con los votos de PSOE, PA y el concejal no adscrito, Pepe Infante. IU votó en contra y el PP se abstuvo. Dicha relación laboral apenas cambió el nombre del concepto, pero el fondo de la cuestión y su finalidad era la misma. Ya en ese pleno, la oposición -formada entonces por el Partido Popular e Izquierda Unida- mostró recelos por entender que el documento perpetuaba la situación anterior, cuestionada entonces cuando además se debían hasta 10 nóminas a la plantilla. La RPT de 2013 resultó finalmente anulada por una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en una decisión que luego ratificó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Ambos tribunales estimaron que los complementos fijados en ese documento, los conocidos como los 408 euros, sobrepasaban los límites impuestos por la normativa.
CONSECUENCIAS
La nulidad de la RPT de 2013 dio pie al equipo de gobierno (100x100, PP y una edil no adscrita) a retirar, a finales de 2016, el complemento salarial a toda la plantilla municipal mientras se mantiene en pie la tramitación de una nueva Relación de Puestos de Trabajo. La aprobación del documento -obligado por la sentencia que anuló la RPT- se encuentra cercana después de que haya culminado un largo proceso de negociación con los sindicatos de la entidad municipal, reacios en un primer momento a la sustitución del complemento por un sistema de ponderación individual para cada trabajador.
Sobre el proceso judicial abierto por el gobierno municipal, el Partido Socialista defendió en noviembre de 2016, cuando trascendió la presentación de la denuncia, estar "tranquilos" ante las consecuencias y trámites que puedan derivarse del mismo. "El Partido Socialista demostró en todo momento su responsabilidad de gobierno y el incuestionable esfuerzo por gobernar esta ciudad cuando le correspondió, en las más pésimas condiciones económicas que se recuerdan en esta ciudad en muchos años", sostuvieron los socialistas el año pasado.
También criticaron la decisión del equipo de Juan Franco de "judicializar" la vida política municipal. "Es llamativo que la primera autoridad municipal plantee una medida tan drástica ante los tribunales, cuando se ha manifestado en repetidas ocasiones contrario a judicializar la vida política del Ayuntamiento", replicaron entonces desde el grupo socialista.
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