Agentes de la Policía Nacional detuvieron a un hombre de 27 años de edad como presunto autor de un delito de atentado a funcionario sanitario en el ejercicio de las funciones propias de su cargo tras agredir el pasado lunes a un médico del centro de salud de Poniente. Este hecho fue denunciado por la concejal de Sanidad de La Línea, Rosa Pérez, y el Área de Gestión Sanitaria d de la comarca.

El detenido agredió y amenazó de muerte al médico que le atendió tras ver frustrada su pretensión de que le modificara un tratamiento farmacológico prescrito por otro facultativo. Fue el propio médico el que presentó la denuncia el pasado lunes. Explicó que ese mismo día un paciente de 27 años acudió a su consulta, sin cita previa, para solicitarle que le prescribiera el aumento de la dosis de un fármaco.

El médico le explicó al paciente que no podía modificar la dosis prescrita por otro facultativo y que debería dirigirse al médico de cabecera para conseguir tal pretensión. En ese momento el paciente reaccionó de forma violenta, dirigiéndose con agresividad al médico para exigirle la medicación y golpeando el teclado del ordenador de la consulta.

En ese momento el médico se levantó y salió de la consulta, siendo golpeado por el paciente con una fuerte patada en la cara posterior del muslo, con la clara intención de hacerle caer por una escalera próxima, pero el doctor pudo agarrarse a la barandilla.

Acto seguido el paciente comenzó a gritar e insultar al médico, lo que ocasionó un gran revuelo en el centro asistencial ante el resto de los pacientes. El agresor abandonó el lugar no sin antes amenazar al facultativo, al que amenazó de muerte.

Tras recibir la denuncia, el grupo segundo de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de La Línea inició la práctica de diligencias para la determinación de la identidad del autor de los hechos denunciados.

Una vez descubierta la identidad del investigado, los agentes procedieron a su localización y detención como presunto autor de un delito de atentado a funcionario sanitario en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, que acarrea penas de prisión de uno a tres años de duración. Tras ser detenido, pasó a disposición judicial.