La Comisión Europea ha incluido a La Línea en un procedimiento global de infracción, junto a otras aglomeraciones españolas, por un vertido incontrolado de aguas residuales que fue denunciado en 2010 por la gibraltareña Karen Everett junto a 679 firmas. Este vertido afecta a la zona más cercana a La Línea, entre la playa de los Manolos, situada entre el parking de la frontera y la Verja con Gibraltar, y a la western beach (playa del oeste) del Peñón, que durante los últimos años suele ser cerrada al baño por la presencia de la bacteria E. coli. En este procedimiento conjunto hay otras 17 ciudades españolas implicadas.

La Comisión pide al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que imponga una multa a España por todos estos vertidos por un importe de 46.522.999 euros. La Comisión propone también una multa diaria de 171.217,40 euros si no se logra el pleno cumplimiento en la fecha en que el Tribunal dicte su segunda resolución. Las sanciones propuestas tienen en cuenta la duración de la infracción, su gravedad y el tamaño del Estado miembro. En el caso del vertido linense se da, al menos, desde 2010, cuando la plataforma de usuarios de la playa de poniente de Gibraltar llevó la incidencia a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.

Los PGE de 2017 incluyen el inicio de un proyecto para los colectores de la ciudad

Desde entonces la Comisión ha recibido varias respuestas por parte de España. La última fue el 31 de enero de este año y en ella las autoridades españolas reconocieron que "debido a un mantenimiento inadecuado del sistema del colector y de las estaciones de bombeo, junto a los vertidos incontrolados de aguas residuales de viviendas en la aglomeración de La Línea, las aguas de corriente pluvial se mezclaron con las aguas residuales domésticas en días sin fuertes lluvias y se vertieron en la Bahía de Algeciras". La Comisión Europea considera que estos vertidos pudieron ser los causantes de la contaminación microbiológica detectada en la playa de poniente de Gibraltar durante las últimas temporadas de baño.

En esta última respuesta la Comisión de Peticiones señala que las autoridades españolas no han realizado aún las inversiones necesarias para reparar el mal funcionamiento del sistema colector de aguas residuales, "lo que pondría remedio a la situación", que incumple la directiva europea en materia de depuración de aguas.

En una respuesta enviada por España en mayo de 2015, las autoridades reconocían que el acuerdo firmado el 28 de abril de 2014 con Acuamed para realizar obras de saneamiento en el Campo de Gibraltar no contemplaba nuevas obras en La Línea, por lo que la Comisión Europea recomendó que se revisara ese acuerdo para incluirlas.

La Comisión también investigó si la ausencia de una planta de tratamiento de aguas residuales urbanas en Gibraltar influía en la presencia de bacterias en la playa del oeste, pero concluyó que éste no era el motivo. Sin embargo desde Europa se inició un procedimiento de infracción sobre este asunto y el Peñón está inmerso en un proceso parecido al que está inmerso ahora La Línea.

Al no haber puesto medidas en los últimos seis años, la Comisión Europea ha incluido el caso de La Línea en el procedimiento global en el que hay otras 17 ciudades españolas: Matalascañas, Alhaurín el Grande, Isla Cristina, Tarifa, Coín, Estepona-San Pedro de Alcántara, Nerja y Barbate (Andalucía), Gijón Este (Asturias), Santiago de Compostela, Aguiño-Carreira-Ribeira y Vigo (Galicia), Benicarló, Peñíscola y Teulada-Moraira (Comunidad Valenciana), Noreste (Valle Guerra) y Valle de Güímar (Tenerife, Islas Canarias).

El Tribunal de Justicia de la UE ya condenó a España en 2011 porque 38 ciudades de más de 15.000 habitantes no depuraban correctamente las aguas urbanas. Sin embargo la Comisión Europea volvió a enviar el caso al Tribunal a finales del año pasado porque de esos 38 casos no se ha puesto solución en 17.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2017 incluyen una partida de 115.000 euros para mejorar los colectores y los puntos de vertido de La Línea. La inversión total prevista por el Gobierno de España es de 6,5 millones de euros para un proyecto que debería estar finalizado en 2019. La inversión prevista para 2018 es de 1,8 millones, mientras que en 2019 se debería incluir en los PGE una partida de 4,5 millones para completar la actuación incluida en los presupuestos que fueron presentados hace unas semanas.

Además el Ayuntamiento y la Mancomunidad presentaron hace unos días un plan director de obras de infraestructuras hidráulicas, que contiene compromisos de inversión por valor de 7 millones de euros para los próximos cinco años para acometer las actuaciones más urgentes. El documento tiene un horizonte temporal de 25 años y pretende realizar un análisis sobre los problemas estructurales de los sistemas de alcantarillado de la localidad.