Gemma Araujo y Francisco Espada recordaron ayer en una nota de prensa, después de declarar como testigos ante el juez que analiza si hubo delito en los despidos de Somdeco, que la única razón del cierre de la empresa municipal fue un acuerdo por unanimidad de su junta general celebrada el 29 agosto de 2011.

Los socialistas recordaron que las causas que hicieron tomar esta decisión "por unanimidad de los 25 concejales" fueron económicas y técnicas. Las econoómicas, por un patrimonio negativo de 1.065.000 euros y una deuda frente a terceros de 2.050.000 euros. "A raíz de estos datos, como sociedad mercantil sujeta a la Ley de Sociedades de Capital, sus socios, es decir el Ayuntamiento, estaba obligado a reponer su patrimonio o bien a su disolución".

En cuanto a las causas técnicas y productivas el PSOE recuerda que se eliminaron las televisiones analógicas y que para el Campo de Gibraltar se atribuyó solo un canal, que ya estaba reservado para otra empresa.

Los socialistas indicaron que expusieron ante el juez que la sociedad no sólo se surtía económicamente del Ayuntamiento, sino que había otras líneas de financiación indirecta que no se reflejaban en la contabilidad: el suplemento en las nóminas mensuales de dos trabajadores municipales encargados de realizar las nóminas, ya que no existía departamento de personal; la prestación del local, de propiedad municipal pero sin contrato de alquiler ni convenio de uso; las aportaciones de los presupuestos municipales que recibían otras sociedades municipales; y los distintos suministros (luz, agua, internet...) de los que era titular el Ayuntamiento.

Araujo y Espada aclararon que en el periodo en el que los trabajadores estuvieron sin actividad en las dependencias de la radiotelevisión se detectaron llamadas a números 800 por un importe bastante significativo. "Pero como es evidente esta causa no puede ser suficiente nunca para cerrar una empresa", indicaron.

"Durante las declaraciones entendemos que el juez mostró especial atención no tanto a estas causas del cierre, sino en qué fue lo que originó que se llegara a esta situación. Le indicamos al juez que no entendíamos esta denuncia, que como se estaba demostrando no tenía sustento. En cambio no se denunciaba a una empresa que firmó un convenio urbanístico por 1 millones de euros y que sólo abonó el IVA. Con esos 800.000 eurospodrían cobrar los ex trabajadores las cantidades que se les adeuda desde la mercantil".

"Nuestro objetivo en el gobierno municipal fue el de gestionar debidamente el dinero de todos los ciudadanos, prestando el mayor y mejor servicio público así como mejorar en todos los aspectos nuestra ciudad. Por desgracia la bancarrota municipal y la escasa o nula ayuda de instituciones superiores hicieron, entre otro, que no se alcanzaran todos los objetivos marcados. No obstante, trazamos el camino para ello y la actuación con Somdeco fue siempre al amparo de la ley y del sentido común", indicaron Araujo y Espada.