Sobrecogedoras declaraciones del ya ex fiscal superior de Murcia, Manuel López Bernal, que encabezaba la causa contra el presidente de la región, Pedro Antonio Sánchez, por presuntos delitos de corrupción. Tras ser destituido, denuncia en una entrevista haber recibido "presiones" en el desarrollo de su trabajo contra la corrupción e "intimidaciones" como las de la mafia en los años 20 en el ejercicio de su labor y denunció la desprotección a la que, en su opinión, se enfrentan los fiscales que se dedican a combatir casos de corrupción.

A raíz de estas declaraciones se han destapado otras supuestas presiones mafiosas sobre otros fiscales que investigan casos de corrupción. Al parecer en todos estos casos que habrían sido puestos en conocimiento de la fiscalía general, no se habría hecho nada para proteger la independencia del trabajo de los fiscales.

Estas situaciones generan una enorme indefensión para el conjunto de la sociedad que pone en manos de la fiscalía la responsabilidad de luchar con firmeza frente a delitos sobre los que se necesita la mayor protección para garantizar derechos y libertades. Seguramente a nadie ha extrañado el relato de estos casos porque vivimos un clima de descrédito y desconfianza en relación con las instituciones y es evidente que la justicia está afectada de ese descrédito.

El asunto es de una enorme gravedad y merece una reacción enérgica por parte de todos porque si no aseguramos que el trabajo de los fiscales se desarrolla con total autonomía, independencia y protección, entonces tendremos un sistema en el que siempre ganarán los malos. Y eso no es aceptable.

Para asegurar una reacción y una respuesta eficaz, conviene airear todos los casos y denunciar todos los silencios de los estamentos gubernamentales que hubieran mirado para otro lado. A partir de ahí, exigencia de responsabilidades y dimisiones (los ministros de Justicia e Interior o el fiscal general), junto a dotación de recursos e instrumentos de protección de la función de los fiscales.

Ahora bien, el debate de fondo debe hacerse en relación a los cambios que debemos hacer para que valores contrarios a la corrupción arraiguen desde el minuto cero en las nuevas generaciones. Pero esa es una cuestión para una reflexión aparte.