La conexión de los sistemas de saneamiento de los siete pueblos del Bajo Andarax con la estación depuradora de El Bobar ha sido un hito medioambiental para la provincia. Después de toda una vida de vertidos de hectómetros de aguas residuales en el cauce del río en su tránsito kilométrico hacia la capital, con su negativa repercusión para la salubridad, medio ambiente, malos olores y la propagación de los mosquitos sobre todo durante los meses de verano, se zanjaba un problema estancado con una inversión que ronda los 45 millones de euros por parte de la administración autonómica. La fecha del jueves 1 de junio de 2017 permanecerá fijado en rojo en el calendario de una comarca integrada por los municipios de Santa Fe, Gádor, Rioja, Pechina, Viator, Huércal de Almería y Benahadux y años de dimes y diretes de la Junta y el Ayuntamiento de la capital, así como las denuncias que llegaron a la Fiscalía Provincial, quedarán anclados en el pasado. Los siete pueblos ya no vierten sus fecales al cauce del Andarax, pero hay otros emisores no municipales que los continúan haciendo días después de que la tubería de 23 kilómetros hasta la depuradora de El Bobar se pusiera en marcha garantizando la culminación del ciclo integral del agua. No hay nada más que darse un paseo por la vega para comprobar que hay efluentes en los márgenes del río. Así lo ha constatado también el presidente de la Mancomunidad del Bajo Andarax, Juan Antonio Almansa, quien señala a un par de empresas de la comarca que siguen realizando vertidos. Días después de participar en el acto de conexión con la estación de la capital, al que acudió el delegado de Medio Ambiente y los alcaldes de los siete pueblos, realizó un recorrido con los técnicos del ente supramunicipal para ver si a lo largo del cauce continuaban los vertidos. Y así fue. Una vez que se localizaron e identificaron estos focos consultaron a las empresas y les argumentaron que cuentan con la pertinente autorización, un alegato que en los próximos días tendrán que demostrar con la documentación que lo valide. Los técnicos del ente comarcal ya han solicitado la revisión de los permisos para realizar vertidos, al tiempo que se abordará con la Delegación Territorial de Medio Ambiente la necesidad de que se ponga fin a estos efluentes. Juan Antonio Almansa ha solicitado a una de las empresas, ubicada en Gádor, que se conecte al colector general que emplean los pueblos del Bajo Andarax, a través de la arqueta del núcleo de El Ruiní que es la más próxima, pero de momento no lo han conseguido. En la segunda fase de las obras de conexión se ejecutaron un total de 26 ramales a lo largo y ancho de la comarca atendiendo a los puntos de saneamiento y vertido e incluso a las futuras demandas poblacionales e industriales.

A partir de ahora será la Junta, a través de su departamento de Medio Ambiente, el que tenga que determinar si, después de la construcción de unas obras que han sido técnicamente complejas y han conllevado años de retraso, se renuevan las concesiones a las empresas para realizar vertidos o si les obligan a aprovechar estas infraestructuras verdes con las que pretenden recuperar el río Andarax. No hay que olvidar que a lo largo del último año han sido hasta 38 los ayuntamientos y 3 las empresas sancionadas en la provincia por efluentes ilegales o también por superar los límites autorizados en su concesión. En total se realizaron 157 controles de vertidos al dominio público hidráulico y otros 62 en el litoral, además de 432 inspecciones en las 39 depuradoras situadas en los municipios de la provincia. El Bajo Andarax ha sido uno de los puntos negros durante años y los ayuntamientos han tenido que hacer frente a reiteradas multas por incumplir la normativa que les obliga a la depuración de sus aguas residuales. Hasta 30.000 euros cada año han tenido que sufragar de las sanciones de la administración autonómica a la espera de que se completaran las obras del ciclo integral del agua en la comarca y de ampliación de la EDAR de El Bobar. Desde el 1 de junio la Mancomunidad hará frente durante los próximos 25 añosa un canon anual de más de 353.000 euros que abonarán al Ayuntamiento de Almería con el que han sellado un convenio de utilización de la depuradora. Un informe técnico cifra en 3.500 metros cúbicos el ratio de aguas residuales de los cerca de 50.000 vecinos del Bajo Andarax que se están tratando cada día.

La financiación corre a cargo del gestor del servicio del ciclo integral del agua en la comarca, Aqualia, el mismo concesionario de la capital y administrador de la estación de El Bobar. Desde la empresa han confirmado a este periódico que "no hay ni un solo efluente municipal de nuestra competencia al río porque todos los pueblos están conectados sin excepción al colector general".