Gibraltar

Tiempo de incertidumbre

  • La comarca afronta con dudas el inicio esta mañana del 'Brexit'

  • El Gobierno del PP afirma que se esforzará en obtener condiciones favorables para los trabajadores transfronterizos y el PSOE, que vigilará que cumpla

El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo.

El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo. / e.s.

Cuando esta mañana el embajador británico en la Unión Europea, Tim Barrow, entregue personalmente al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, la carta en la que el Reino Unido notificará su intención de salir del bloque, muchos campogibraltareños y todos los gibraltareños contendrán la respiración. En ese instante comenzará la cuenta atrás de dos años que terminará cuando el Reino Unido abandone el club comunitario en el que ha permanecido cuatro décadas. La cuestión es que, en su salida, se llevará a Gibraltar. Y entonces, allá por marzo de 2019, después de miles de reuniones y encuentros a muchos kilómetros de distancia de la Bahía, habrá quedado redefinida la relación entre las siete poblaciones españolas y la británica de un territorio que se sume desde ya en la incertidumbre.

Suceda lo que suceda, hoy por hoy sólo existe una certeza: cuando se consume el divorcio, el Peñón se convertirá en un territorio dependiente de un país tercero. Hay que preguntarse entonces qué obligaciones tendrá el Gobierno español para con una Verja por la que entran y salen cada días miles de españoles y gibraltareños que generan una actividad económica fundamental para la zona. Qué obligaciones y qué talante, porque el llamado Brexit concede al Ejecutivo español una posición ventajosa para volver a poner sobre la mesa sus reivindicaciones territoriales sobre el Peñón. Y el paso fronterizo ya fue en otro tiempo un instrumento para ejercer presión política al respecto, así que nadie puede sostener que no vuelva a serlo aunque eso vaya en perjuicio de los ciudadanos.

De momento, el espíritu con el que España acude al periodo de negociaciones es esperanzador para los trabajadores y empresarios que desarrollan su actividad en Gibraltar. Ayer, en una respuesta parlamentaria al socialista Salvador de la Encina, el Gobierno español afirmó que entre sus prioridades "destaca la defensa de los intereses de los ciudadanos y las empresas españolas que operan en Gibraltar, con el objetivo de evitar que puedan verse perjudicados por este proceso". "Las posibles consecuencias de la salida efectiva de la Unión Europea en el campo de Gibraltar y en los trabajadores españoles en Gibraltar dependerán de los términos en los que Reino Unido abandone la Unión Europea", afirma el Ejecutivo, que continúa: "España dirigirá sus esfuerzos a la obtención de condiciones favorables para nuestros trabajadores, tanto en materia de libre circulación, como de conservación de sus derechos de seguridad social adquiridos o en curso de adquisición, mediante las negociaciones oportunas con la otra parte y siempre dentro del marco que al respecto pueda establecerse de común acuerdo con el resto de nuestros socios comunitarios".

De la Encina afirmó que su formación se mantendrá vigilante para garantizar que este anuncio del Gobierno se cumpla.

Por su parte, la Asociación de Trabajadores Españoles en Gibraltar expresó ayer esta incertidumbre -"Los tiempos que se avecinan no son nada claros", afirma en una carta- pero sí consideró tranquilizador que el Gobierno de Gibraltar le haya comunicado que, por su parte, no habrá cambios cuando ya no esté en la UE. Reconoce el colectivo que los mensajes del Ejecutivo español conducen a pensar que en las negociaciones se tendrá en cuenta el interés común de una Verja fluida, pero no oculta cierto resquemor por lo sucedido en el pasado (léase, colas en la frontera). "Lamentamos haber perdido toda credibilidad con nuestro propio Gobierno por el trato que en el pasado hemos recibido. Y porque vemos que son muchos los políticos que aún mantienen vivo el rencor del Gibraltar perdido y se afanarán por empeorar la relaciones y coaccionar a Gibraltar, ahora que saben que el Brexit les sirve en bandeja la opción de 'o la bandera española en la Roca o quedáis aislados de nuevo". "Esperamos que a todos los diputados quede claro que por encima de todas las viejas rencillas y banderas que tanto daño nos han hecho y hacen están las personas, las buenas relaciones, la tranquilidad de un salario para miles de españoles parados en nuestra zona española y la prosperidad de La Línea", subraya la asociación en una carta en la que se muestra muy dura con el Gobierno de Rajoy, al que acusa de tener a La Línea "siempre prisionera, siempre en deuda y en constante olvido y marginación". También habla de "esos mismos encaprichados en que ondee la bandera en la Roca a cambio de la permanente ruina de La Línea y tantos linenses que tendrán de nuevo que abandonar su pueblo de seguir estos fanáticos con la misma estúpida idea de cierre como en el año 1969".

El Gobierno español pretende que, durante la negociación para la ruptura, el Reino Unido se siente a negociar todos aquellos aspectos de la nueva relación que afecten a Gibraltar. En esas conversaciones quiere volver a poner sobre la mesa su propuesta de cosoberanía, que Londres y Gibraltare han rechazado con contundencia desde un principio. No está clara cuál será la autonomía de España en esas conversaciones. Todo se verá conforme avance el proceso que arranca hoy.

En Londres, la primera ministra, Theresa May, acudirá al Parlamento para informar a los diputados en la Cámara de los Comunes (Baja) de que ha activado el artículo 50. Tusk hará una breve declaración de acuse de recibo y, al día siguiente, el presidente del consejo hará circular entre los 27 un borrador sobre cuáles serán las directrices de negociación con Londres.

Esas directrices serán adoptadas formalmente en la cumbre especial organizada para el próximo 29 de abril en Bruselas.

Tras la activación del Brexit, ambas partes deberán establezcer los términos de la salida británica y decidir cómo serán sus futuras relaciones comerciales, siempre pisando un terreno inexplorado, ya que es la primera vez que Europa se expone a un ruptura así. Es un elemento principal de la negociación, el coste que tendrá que asumir Londres por la retirada, el estatus legal de los ciudadanos expatriados y la división de los activos comunitarios.

Ambas partes deberán aclarar qué ocurrirá con la situación legal de los comunitarios que viven en este país así como con los británicos que residen en el continente tras el Brexit y tendrán que resolver, entre otras cosas, qué ocurre con las pensiones que cobran esos ciudadanos cuando Londres camine en solitario.

El ministro para la salida del Reino Unido de la UE, David Davis, rechazó ayer en declaraciones emitidas por la BBC que este país vaya a tener que pagar a Bruselas la cantidad de 50.000 millones de libras (57.800 millones de euros) que se ha barajado. El ministro aseguró, además, que el Ejecutivo cuenta con "planes de contingencia" en caso de que no se logre un acuerdo comercial con la UE, pero recalcó que el objetivo es obtener un "amplio" pacto. Además, sobre la migración -un factor determinante a la hora de que los británicos se inclinaran por la opción del Brexit en el plebiscito-, Davis apuntó que los niveles tendrán que aumentar "de vez en cuando" pues hay industrias y servicios públicos que dependen de mano de obra extranjera.

El periódico The Guardian, que cita fuentes comunitarias, publicó ayer que el Gobierno de May ha empezado a dar marcha atrás de su inicial amenaza de abandonar el bloque sin un acuerdo comercial, en el caso de que las negociaciones no prosperen. Esas fuentes aseguran que, en privado, los funcionarios británicos admiten que un escenario sin acuerdo ocasionaría el "caos".

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