La planta de tratamiento de aguas residuales de Gibraltar estará operativa, si los plazos se cumplen, 22 años después de lo previsto. Esta semana del Peñón ha adjudicado el contrato de las obras para construir la depuradora, con lo que el Ejecutivo de Picardo dará cumplimiento a una directiva europea y a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que obliga a la colonia a depurar sus aguas desde 1998.

Según la legislación de la UE sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, las aglomeraciones de más de 10.000 habitantes tenían que disponer de sistemas de recogida y tratamiento de sus aguas residuales en 1998. Gibraltar bombea sus aguas residuales al mar en la zona de Punta Europa, lo que supone una violación de la legislación al respecto de la Unión Europea, que dicta que estos vertidos deben ser tratados antes de arrojarlos al océano para evitar la contaminación.

La legislación de la UE obliga desde 1998 a tratar todas las aguas residuales

La Directiva 91/271 requiere, en definitiva, que se realice un tratamiento eficaz en todas las aglomeraciones importantes y un tratamiento adicional para aquellos vertidos realizados en zonas sensibles. Gibraltar la incumple, según reconoció el Reino Unido durante el proceso judicial que culminó en mayo de 2017. La Comisión Europea acusó a Gibraltar de verter sus aguas sucias en "aguas dulces y estuarios" y fueron los representantes británicos los que lo negaron para reconocer que lo hace directamente en el mar, concretamente en la zona de Punta Europa, en una zona en la que confluyen dos Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) integrados en la Red Natura 2000.

El Reino Unido, a raíz de un dictamen motivado, afirmó en octubre de 2014 que la planta de Gibraltar estaría finalizada a finales de 2016. Luego aplazó esta fecha un año y en 2017 dijo que la iba a tener operativa en 2018. Finalmente la adjudicación se ha realizado en este inicio de 2018 para que esté en funcionamiento en 2020.

La inversión de Gibraltar para dotar al Peñón de una estación de tratamiento de aguas residuales está valorada en unos 22 millones de libras. La adjudicataria es una unión empresarial formada entre NWG Commercial Services Limited (Northumbrian Water) y Modern Water. Esta última empresa se encargará de la parte de diseño y construcción. Una vez finalizada esta fase del proyecto, Northumbrian Water se encargará de operar la planta durante 20 años mediante un subcontrato con AquaGib. La intención es que las obras empiecen en el primer semestre de este año y que el proyecto esté finalizado en 2020. La planta estará ubicada en Brewery Crusher, cerca de Europa Point. No desprenderá olores y estará cubierta, por lo que no afectará negativamente al paisaje de la zona.

El Ejecutivo de Fabian Picardo alegó en mayo de 2017, cuando se conoció el dictamen del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que la falta de tratamiento de aguas residuales "es un problema que viene de lejos" y que "no se tomaron medidas contundentes para resolverlo hasta que el actual Gobierno llegó al poder".

Un hándicap importante para el desarrollo del proyecto de la depuradora es que el tratamiento de las aguas residuales de Gibraltar se lleve a cabo con agua salada, para lo que es necesaria la adaptación de las tecnologías actuales. "Gibraltar necesita tratar sus aguas residuales no sólo porque así lo exige la legislación europea, sino porque un país que quiera tener su lugar en la comunidad mundial y ser tratado con respeto en el panorama internacional no puede, en el siglo XXI, arrojar aguas residuales sin tratar al medio marino", indicó por entonces Picardo.