Gibraltar

Los abogados de Escocia e Irlanda defienden en el Supremo la soberanía parlamentaria

El abogado general del Gobierno de Escocia, James Wolffe, argumentó ayer que el Parlamento autónomo escocés debe ser consultado antes de que el Ejecutivo británico pueda activar el proceso de salida de la Unión Europea.

Wolffe declaró ante el Tribunal Supremo, que desde el lunes analiza un recurso del Gobierno de la primera ministra, Theresa May, contra un dictamen anterior que le obliga a obtener autorización del Parlamento británico antes de invocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, lo que iniciaría las negociaciones con Bruselas. El Gobierno escocés, opuesto al Brexit, ha decidido intervenir en el proceso para defender sus intereses, así como también lo hacen Gales e Irlanda del Norte.

El letrado escocés sostuvo que la legislación que apuntala la creación de las autonomías en el Reino Unido implica el "principio constitucional" de que el Parlamento autónomo debe dar su consentimiento a los posibles cambios legislativos que afecten a sus competencias. Wolffe arguyó que la eventual salida del país de la UE conllevará "un cambio significativo" para el Parlamento de Edimburgo, dado que muchas de sus leyes integran normativa europea, por lo que éste debe pronunciarse.

El abogado reconoció no obstante que este pronunciamiento sería una formalidad constitucional, pues los legisladores escoceses "no tienen poder de veto" sobre el Brexit.

Previamente, intervinieron los abogados Ronan Lavery y David Scoffield, contratados por particulares de Irlanda del Norte, que sostuvieron que la Asamblea norirlandesa debe ser consultada porque la ruptura con Bruselas puede tener efectos en el Acuerdo de Paz de 1998, que puso fin a tres décadas de conflicto entre republicanos y unionistas.

Scoffield subrayó que "la retirada de las obligaciones derivadas de la legislación comunitaria altera un acuerdo de devolución de poderes a la autonomía cuidadosamente construido en base a ese acuerdo".

En la sesión de la mañana, concluyó su intervención el abogado de la empresaria Gina Miller, quien, junto a otros particulares, impulsó el caso del Brexit ante el Tribunal Superior el pasado noviembre, quien reiteró la supremacía del Parlamento británico frente al Gobierno para invocar el artículo 50.

También expuso sus argumentos, en el mismo sentido, el abogado del peluquero Deir Dos Santos, que también pidió en noviembre al Superior una revisión judicial de los planes del Gobierno para activar la salida.

En la tercera jornada ante el Supremo, el abogado Dominic Chambers, en representación de Dos Santos, defendió la doctrina de la soberanía parlamentaria forjada en el siglo XVII.

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