Gibraltar

Empieza la cuenta atrás para el cambio de bandera en la Verja

  • Los Veintisiete aprueban el marco de la negociación, que empezará el día 19 de junio

Empieza la cuenta atrás para el cambio de bandera en la Verja

Empieza la cuenta atrás para el cambio de bandera en la Verja

Ya está más cerca el día que la bandera de la Commonwealth sustitya a la de la Unión Europea en Gibraltar. El ministro principal del Peñón, Fabián Picardo, anunció ayer que esto sucederá una vez se consume la salida del club comunitario. Lo dijo durante su discurso inaugural de la 47ª Conferencia Regional de la Asociación Parlamentaria de la Commonwealth, de las Islas Británicas y la Región Mediterránea, que se celebra en el Peñón. Mientras, los Veintisiete cumplieron con el último paso formal para lanzar las negociaciones de salida de Reino Unido del club comunitario, al adoptar el marco que apuesta por una negociación progresiva, adaptada a las prioridades del bloque, y que deja fuera de las conversaciones el futuro de Gibraltar.

Con esta decisión, el bloque marca el "pistoletazo de salida" para iniciar las negociaciones con Londres, si bien en la práctica los contactos no serán posibles hasta que se celebren las elecciones británicas el 8 de junio y se forme el nuevo Gobierno.

También se formalizó la creación de un grupo de trabajo 'ad hoc' para asesorar a los Veintisiete a nivel político y técnico en todo lo que tenga que ver con la retirada de Reino Unido.

No hay una fecha concreta para el arranque formal, aunque Bruselas trabaja con la hipótesis de que sea en torno al 19 de junio. Es, sin embargo, una fecha orientativa que no está "grabada en piedra", según dijo a la prensa el ministro español de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, al ser preguntado por el calendario.

En concreto, los Estados miembros dieron luz verde a las distintas decisiones que arman la posición europea, desde la confirmación de la Comisión Europea como jefe negociador -a través del excomisario Michel Barnier- hasta el mandato detallado que marcan sus 'líneas rojas' en la primera fase de la negociación.

Barnier indicó que publicará un "primer informe" sobre el proceso el 22 junio, "exactamente un año después" del referendo en el que la mayoría de británicos votó por abandonar la UE, y "menos de tres meses después" de la notificación oficial para la salida por parte de la primera ministra británica, Theresa May.

El mandato apenas ha cambiado desde el borrador que presentó Barnier el pasado 3 de mayo y las modificaciones responden a la necesidad de aclarar algunas de las disposiciones o para recoger con mayor fidelidad las directrices políticas que marcaron los líderes de la UE a 27 en la cumbre del 29 de abril. Es un texto muy consensuado que satisface a todas las delegaciones, según señalaron distintas fuentes europeas, lo que permitió adoptarlo tras apenas dos horas de reunión en Bruselas.

Además, se irá adaptando tantas veces como sea necesario a lo largo del proceso, a medida que vayan avanzando en el tiempo y en el fondo de las conversaciones con los británicos.

La Unión Europea y el Reino Unido tienen dos años (a contar desde el 29 de abril de 2017) para acordar las condiciones de un divorcio que permita una retirada "ordenada", antes de que dejen de aplicarse las leyes europeas en el territorio británico. Sin embargo, los 27 abogan por un proceso "gradual, por fases", para centrar la primera etapa en resolver tres asuntos clave: los derechos de los ciudadanos, la 'factura' de salida y la frontera en el Úlster.

Barnier reclamará a Londres garantías de que los ciudadanos europeos que han residido, residen o residirán en Reino Unido hasta que se materialice el Brexit conservarán los derechos adquiridos como residentes comunitarios "de por vida". Así, el documento exige garantías "efectivas, aplicables, no discriminatorias y amplias" para los europeos en suelo británico, incluido el derecho a residencia permanente "y todos los derechos asociados" para quienes lleven viviendo un periodo continuado de cinco años en el país.

La UE también quiere que en ese primer periodo quede definida la metodología de cálculo de los compromisos y obligaciones que tiene Reino Unido con el presupuesto comunitario, que servirá para poner cifra al coste que deberá asumir el país antes de dejar el bloque y que en Bruselas se calcula en al menos 50.000 millones de euros. "Deben entender que si eres parte de un club y quieres dejarlo -y esto es muy británico- debes pagar una contribución", ironizó el ministro de Exteriores holandés, Bert Koenders, a su llegada a la reunión en la que la UE ha refrendado su posición. La cuestión presupuestaria y la defensa de los derechos de los europeos en Reino Unido son "elementos muy justos", insistió el holandés.

Además el bloque sostiene que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) deberá seguir siendo competente en aquellos asuntos que afecten a Reino Unido y queden por cerrar en la fecha en que se produzca el divorcio. Hasta que no se constaten "avances sustanciales" en esos tres pilares, la Unión Europea rechaza iniciar siquiera la reflexión sobre la forma que podría tener el marco de relaciones futuras. Los 27, además, han sido firmes en la idea de que en ningún caso pactarán las condiciones de la nueva relación hasta que no se firme el Brexit.

Por ello, el mandato de negociación abarca únicamente los límites y exigencias de las tres prioridades y no menciona otros como, por ejemplo, la situación de Gibraltar. "Del futuro de Gibraltar no se va a hablar, ahora Gibraltar va a salir, como sabemos, y si quiere volver en el futuro forma parte de la segunda fase de las negociaciones, a las que no se aplican estas directivas", indicó el ministro español de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, para explicar que no haya referencias al Peñón en el mandato. Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE también recogieron en sus directrices políticas de abril que la cuestión de Gibraltar es un asunto bilateral entre España y Reino Unido, que no se negociará durante el proceso de desconexión. Entonces también apuntaron el derecho a veto de España sobre cualquier entendimiento futuro que afecte al territorio con respecto a la UE.

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