Theresa May ya tiene luz verde de la Cámara de los Comunes para iniciar el Brexit. La ley que otorgará a la primera ministra británica el poder constitucional de ejecutar la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) recibió ayer el visto bueno de la Cámara, con una cómoda mayoría y sin ninguna enmienda de la oposición.

Por 494 votos a favor y 122 en contra, los diputados aprobaron sin cambios el escueto texto presentado por el Gobierno, de 137 palabras, que se someterá ahora al escrutinio de la Cámara de los Lores.

El líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, ordenó a los suyos alinearse con el Gobierno y secundar el Brexit, pero 52 parlamentarios de su formación rompieron la disciplina de voto bajo el argumento de que sus circunscripciones se decantaron por seguir en la UE en el referéndum del pasado 23 de junio. Los votos de esos laboristas rebeldes se sumaron a los del Partido Nacionalista Escocés (SNP) y la mayoría de los liberaldemócratas, que se manifestaron en contra de la ley.

La oposición había puesto sobre la mesa 142 páginas de enmiendas para tratar de matizar la postura del Gobierno, favorable a un Brexit duro que implique la salida del mercado único, pero todas las propuestas fueron rechazadas durante la semana que ha durado el debate de la ley, tramitada con carácter de urgencia.

Los Comunes, con mayoría absoluta conservadora, tumbaron entre otras iniciativas la que exigía un compromiso por escrito de que los comunitarios que viven en el Reino Unido conservarán sus derechos una vez se rompan los lazos con el resto de la UE. May ha reiterado en los últimos meses que entre sus prioridades está garantizar la situación de esos ciudadanos, así como la de los británicos en el resto del continente, pero mantiene, en línea con Bruselas, que la cuestión se abordará una vez empiece el diálogo formal entre ambas partes.

Para reforzar la postura del Gobierno, la ministra británica de Interior, Amber Rudd, divulgó ayer una nota en la que recalca que "nada cambiará" para los comunitarios en el Reino Unido tras la salida de la UE, sin que el Parlamento apruebe de forma explícita esos cambios.

La Cámara baja rechazó, asimismo, una enmienda laborista que exigía al Ejecutivo informar al Parlamento cada dos meses sobre las negociaciones con Bruselas.

Tampoco aceptó una propuesta del SNP para que la salida de la UE requiera el consentimiento de las autonomías (Escocia, Gales e Irlanda del Norte), ni otra que exigía el visto bueno de Gibraltar.

El Parlamento regional de Holyrood, en Edimburgo, rechazó el día antes formalmente el Brexit por 90 votos a favor y 34 en contra, aunque fue un acto de carácter simbólico, dado que el Tribunal Supremo ha dictaminado que el Gobierno no está obligado a contar con el beneplácito de las regiones para romper con la UE.

La primera ministra ha evitado durante la tramitación de la ley de la salida de la UE una posible revuelta entre las filas conservadoras al conceder que el Parlamento británico podrá pronunciarse sobre el futuro acuerdo con Bruselas antes de que el pacto se someta a la aprobación de la Eurocámara. May templó así los ánimos de un sector de su formación que ha expresado su temor a que los términos de salida del bloque perjudiquen a la economía del Reino Unido.

La jefa de Gobierno espera que el proyecto de ley esté listo para entrar en vigor a principios de marzo y podría aprovechar la cumbre comunitaria, prevista para el 9 y 10 del próximo mes, para notificar oficialmente la salida del Reino Unido a sus veintisiete socios comunitarios.

El texto aprobado por los Comunes entrará el 20 de febrero en la Cámara de los Lores, formada por miembros que no han sido elegidos en las urnas y que estarán sometidos a presión si deciden poner trabas a la activación del artículo 50 del Tratado de Lisboa.

Esa es la formalidad que dará inicio al Brexit, por el que se decantó el 51,9 % de los votantes británicos en la consulta de junio. En caso de que los Lores introduzcan cambios en el llamado Proyecto de ley de la Unión Europea (Notificación para la retirada), el texto volvería a la Cámara de los Comunes antes de recibir la rúbrica definitiva de la reina Isabel II.