Son minoría y a medida que pasa el tiempo los independentistas decrecen en número. No hay sociólogo, politólogo o simple observador que no confirme que la deriva inconstitucional de Puigdemont ha hecho cambiar de criterio a miles de catalanes que en principio estaban por lo que los secesionistas llaman derecho a decidir, pero que no aceptan la idea de hacerlo fuera de la legalidad, el Estado de Derecho y la Constitución. Sin embargo, los independentistas se han hecho con la calle en una manifestación continua y vociferante que ha transmitido la idea de que Cataluña es una región en la que el secesionismo es un clamor.

Por otra parte, proliferan las declaraciones del Govern y de dirigentes independentistas en las que reiteran que el pueblo catalán, cuando se les niega el derecho a decidir, está legitimado para levantarse contra España, que presentan como si fuera una potencia colonial que sangra a los ciudadanos y los tiene sometidos a unas leyes y una Constitución redactadas expresamente para garantizar ese sometimiento. Prefieren no recordar los independentistas, que no tienen pudor en tergiversar datos, que más del 90% de los catalanes que participaron en el referéndum constitucional se pronunciaron por el "sí" y aceptaron el texto y el Título VIII que recogía las competencias de cada una de las regiones del Estado de las Autonomías.

Los secesionistas buscan una víctima y Rajoy, Sánchez y Rivera lo saben bien

imponer el populismo

Siempre tuvo en mente el Gobierno que cualquier medida que tomara para cumplir la ley iba a provocar algaradas, ya que el procés está capitaneado por la CUP, que tiene como objetivo implantar el populismo en esa poderosa región, emprendedora, con importante tejido empresarial, moderna, culta y con proyección internacional.

Para la CUP fue prioritario destrozar a CiU, que consiguieron exigiendo la cabeza de Artur Mas como candidato a la Presidencia del Govern. Llegó así a la Generalitat un político mediocre y manejable, Carles Puigdemont, a instancias del propio Mas. Por otra parte, fue clave la elección de Ada Colau como alcaldesa de Barcelona, la más importante cuña del populismo hoy en España.

No pertenece a la CUP, sino a En Comú, filial de Podemos, pero se ha impuesto como líder indiscutible del populismo al punto de echar abajo también la trayectoria de Pablo Iglesias. Ella es quien más y mejor colabora para que determinadas zonas de Barcelona, las más visibles, se hayan convertido en un manifestódromo que atrae el interés de los corresponsales extranjeros y permiten al Govern sacar pecho presentando esas protestas como el sentir general del pueblo catalán. Cuando se trata de unos centenares de miles de personas frente a los más de siete millones de catalanes. Pero su movilización, los mares de esteladas, las pintadas, los encierros y las celebraciones callejeras cumplen su objetivo: transmitir que Cataluña es masivamente independentista.

La estrategia pasa incluso por silenciar las declaraciones y manifiestos de la mayoría de los intelectuales y personajes de la cultura más respetados de Cataluña, gran parte de ellos de la izquierda nacionalista. No les interesa, y han convertido en un referente a Lluís Llach y L'Estaca, obviando que ya no se trata de un cantante en activo sino de un parlamentaria autonómico que vive de un sueldo oficial. Que a partir de este mes le pagará Montoro, que ha intervenido las cuentas del Govern cuando la Vicepresidencia económica se negó a entregar los documentos que demostraban que el dinero recibido del Gobierno, como ocurre con todas las autonomías, tiene que ser destinado a aquello para lo que fue enviado.

Se acusa al Ejecutivo de no haber dialogado con los catalanes. Se hizo antes del 9-N... y el resultado fue la celebración de la consulta ilegal. Explica Rajoy, y así lo reconocen los independentistas, que desde entonces cada vez que ha intentado dialogar con Puigdemont o con dirigentes del PDeCAT se encontraba con la misma exigencia: no había nada que hablar que no fuera el referéndum. Rajoy y los encargados de ese diálogo -Soraya Sáenz de Santamaría y Enric Millo fundamentalmente- se negaron a negociar sobre algo que era ilegal e inconstitucional.

Los esfuerzos para hablar no han cesado ni en las últimas semanas, de hecho entre los políticos catalanes corren todo tipo de versiones sobre la entrevista mantenida por Junqueras y Millo, en la que al vicepresidente del Govern al parecer se le llenaron los ojos de lágrimas al expresar su inquietud sobre su futuro personal y político. Que es complicado, porque no hay autoridad judicial que no afirme con rotundidad que todos los miembros del Ejecutivo catalán serán inhabilitados. Y a medida que se acerca el 1-O y se acrecientan las ilegalidades, más son las razones para la inhabilitación.

'el político'

La estrategia de los independentistas es conocida, y llevan meses explicando a sus adeptos las razones de haber promovido el proceso independentista y por qué no se sienten concernidos con la ley ni con la Constitución.

Para los promotores de ese procés era indispensable el apoyo internacional, que no han conseguido porque el Gobierno ha hecho un gran esfuerzo diplomático, pero en los últimos días han cambiado las tornas donde menos se esperaba: en la UE. La posición de los gobiernos europeos es estricta e inamovible: apoyo a la ley y a la Constitución y por tanto no a la independencia. Pero se ha empezado a quebrar la posición de políticos, eurodiputados o funcionarios.

La razón principal tiene que ver con un periódico de EEUU que en su formato digital es lectura obligada en Bruselas, El Político, que desde hace un tiempo recibe publicidad de la Generalitat, consciente de que su estrategia de financiar medios catalanes ha sido muy fructífera. Ese periódico inició una línea que, en los últimos días, han hecho suya diarios de papel de reconocido prestigio: no apoyan la independencia pero cuestionan que las medidas del Gobierno para bloquear el proceso respeten la libertad de manifestación y de expresión.

La sinrazón se ha hecho con la calle, el populismo más radical lidera el procés y Rajoy está obligado a responder con equilibrio y serenidad al reto más grave desde la muerte de Franco. Debe ejercer la autoridad con la máxima cautela, porque cualquier error sería letal. Los independentistas buscan una víctima y el presidente, igual que Sánchez y Rivera, lo saben. Por eso, tanto las decisiones del Tribunal Constitucional como de la Fiscalía, así como la respuesta de las fuerzas de seguridad del Estado, tiene que ser, más que nunca, prudente, proporcionada y serena. Porque los independentistas no tienen límite en su provocación.