El juez Santiago Pedraz acordó seguir investigando como homicidio imprudente el atentado a la Embajada española en Kabul, en el que murieron dos policías españoles, por los fallos de seguridad detectados en la legación en Afganistán y de los que los familiares de las víctimas responsabilizan al embajador y segundo embajador.

Pedraz adoptó esta decisión desoyendo a la Fiscalía, que hace unas semanas le pidió investigar este atentado, perpetrado el 11 de diciembre de 2015, como delito de terrorismo, lo que sería "incompatible" con calificar los hechos como "homicidios imprudentes". El juez de la Audiencia Nacional decidió calificar de homicidio imprudente lo ocurrido al admitir el 2 de noviembre la querella de familiares de uno de los policías fallecidos y otras víctimas por dos supuestos delitos de homicidio imprudente y siete en grado de tentativa, ya que otros tantos agentes sobrevivieron al ataque.

Tras sobreseer meses después las diligencias que abrió por terrorismo a raíz del atentado ante la falta de autor -los atacantes murieron-, Pedraz las reabrió el mes pasado para admitir esta querella dirigida contra el embajador y el segundo embajador de España en Afganistán, Emilio Pérez de Agreda y Oriol Solá. La Fiscalía recurrirá en apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.