Sáenz de Santamaría aclara que el Senado se podrá adaptar a lo que hagan Puigdemont y el 'Parlament'

  • Catalá también señala que habrá "respuestas" a cualquier nuevo acuerdo que se produzca en el 'Parlament'

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha subrayado este lunes que el Govern tiene una posibilidad antes de que se aprueben definitivamente las medidas aprobadas el sábado: "Ir al Senado y hacer las alegaciones que estime oportunas".

Sáenz de Santamaría, en una entrevista en Onda Cero, ha asegurado que no ha habido ningún contacto desde el sábado entre el Gobierno de Mariano Rajoy y el de Carles Puigdemont y ha reiterado que este proceso ya está en manos del Senado, que el viernes aprobará previsiblemente las decisiones planteadas por el Ejecutivo.

Ante la posibilidad de que antes de que la Cámara Alta vote esas medidas el presidente de la Generalitat aclarara que no ha declarado la independencia, ha resaltado que "el Senado tiene capacidad de adaptarse a lo que Puigdemont y el Parlament hagan" en función de los acontecimientos que pueda haber esta semana. En esa línea es cuando ha subrayado que el Gobierno de la Generalitat tiene aún la posibilidad de ir al Senado y hacer las alegaciones que crea conveniente. "Será públicamente y será en el Senado donde, si la Generalitat quiere expresar lo que tenga por oportuno, puede hacerlo. Así oiremos todos los que tienen que decir. Lo mejor -ha añadido- es que las cosas se digan pública y abiertamente".

Y en otra entrevista en Telecinco ha puntualizado que el Govern tiene ya "poco tiempo para hacerlo" y ha evitado entrar en hipótesis sobre si Puigdemont pueda convocar elecciones esta semana acompañadas o no de una declaración unilateral de independencia.

Se ha limitado a precisar que Puigdemont se ha caracterizado por hacer lo que le han ido aconsejando los más radicales, no los moderados, y ha insistido en que si tiene que decir algo, que lo diga en el Senado. "Ese trámite va a estar ahí. Va a decir mucho de cómo entiende la democracia el señor Puigdemont", ha añadido.

La vicepresidenta, que ha desvelado que el pasado sábado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, habló con el líder del PSC, Miquel Iceta, ha recalcado que si Puigdemont y el resto de miembros del Govern son cesados, dejarán de ejercer sus responsabilidades aunque pretendan mantenerse en ella. "Dejarán de serlo (miembros del Govern) por mucho que quieran vivir en la ficción que sea. Son presidentes y consejeros por la Constitución. No están investidos por una autoridad divina", ha añadido antes de precisar que, por ejemplo, Puigdemont no podrá adoptar decisiones como presidente y dejará de cobrar por ese cargo y de tener todo lo que le acompaña.

Sáenz de Santamaría ha reiterado que la intención es que, en principio, las competencias de los consejeros sean asumidas por los ministros, pero hay muchos escenarios y uno de ellos pasa por que posteriormente se decida un mando único. Una idea que ya expuso el pasado sábado el Gobierno cuando planteó la posibilidad de crear un órgano colegiado si así se estima oportuno.

Ha explicado la vicepresidenta que la actuación prevista por el Gobierno en los medios de comunicación públicos catalanes pretende que cumplan su propia ley, y ha confiado en que los funcionarios de la administración de Cataluña no se resistan a cumplir las órdenes que se les trasladen.

Pero si eso sucediera ha señalado que existen las potestades de sanción u organización necesarias para que acaten las directrices que se planteen. Lo que ha precisado es que los acuerdos en aplicación del artículo 155 permiten "ir cesando y removiendo" a las personas que pudieran ser responsables de incumplimientos.

No ha aclarado si el jefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, sería destituido inmediatamente y ha explicado que lo primero que se haría es cesar al consejero de Interior y, a partir de ahí, "se seguirían tomando las primeras decisiones".Lo que ha dicho que se hará "sin ningún género de dudas" es actuar ante el intento de la Generalitat de construir "una estructura de Estado" en el exterior."Eso -ha dicho- tiene que recuperarse para la legalidad y es uno de los ámbitos en los que vamos a actuar con carácter prioritario".

Catalá: "Ante cualquier novedad, habrá respuestas"

El ministro de Justicia , Rafael Catalá, también ha declarado que el Ejecutivo y el Senado podrían cambiar las medidas a debatir en aplicación del artículo 155 de la Constitución si se producen novedades en Cataluña y, en concreto, si se aprueba algún acuerdo novedoso en el Parlament. Catalá se ha referido al trámite del Senado que tendrá lugar esta semana para estudiar las medidas propuestas el pasado sábado por el Gobierno. Así, "se podrían cambiar las medidas que el Gobierno ha solicitado a la vista de los cambios que se pudieran producir en las circunstancias actuales" tenidas en cuenta por el Gobierno el pasado sábado.

El ministro, en declaraciones a la prensa tras participar en el Foro Social del Consejo General de Graduados Sociales, ha respondido a la pregunta de cómo va a actuar el Ejecutivo ante una eventual declaración de independencia o cualquier otro acuerdo que se produzca en el Parlament.

"Ahora es el Senado el que tiene que analizar la situación en la que estamos y las propuestas que le ha hecho el Gobierno para, en su caso, autorizarlas. Si entre tanto se producen situaciones nuevas, por ejemplo que el Parlamento de Cataluña adoptase cualquier acuerdo, veremos, paso a paso", ha explicado. "Ante cualquier novedad se producirán respuestas, bien por el Gobierno o bien por el propio Senado, dentro de este procedimiento del 155. No nos anticipemos", ha añadido.

Catalá ha lamentado los incumplimientos graves de sus obligaciones estatutarias cometidas por el Ejecutivo catalán, que han obligado al Gobierno a actuar para restablecer el acatamiento de la Constitución.

Ha señalado que con sus propuestas el Gobierno quiere restablecer la legalidad y dar confianza ante los datos económicos preocupantes para Cataluña "que estamos conociendo" cada día, entre los que ha citado las más de 1200 empresas que han cambiado su sede social o la caída de inversión y reservas turísticas.

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