La Policía francesa afirma que ETA extorsiona por carta a cientos de empresarios

  • El policía antiterrorista francés Jérôme Broglio revela ante un tribunal que el presupuesto de la banda ascendió en 2004 a 2,5 millones de euros.

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La Policía francesa considera que hay cientos de empresarios españoles a los que ETA ha dirigido cartas de extorsión para reclamarles el llamado "impuesto revolucionario" y asegurar así sus necesidades financieras.

El funcionario policial declaró durante la segunda jornada del juicio a varios presuntos integrantes de la estructura financiera de ETA, que tiene lugar ante el Tribunal Especial de lo Criminal de París.

Broglio intervino en la investigación llevada a cabo tras la detención, el 10 de enero de 2003 en Dax, de Ana Miren Alberdi, Carlos Saez de Eguilaz y Cristina Goiricelaya, que se sientan en el banquillo acusados, entre otros delitos, de extorsión de fondos en banda organizada con fines terroristas.

La comparecencia de Broglio y del capitán de la Policía antiterrorista Stéphane Durey permitió a los siete magistrados aclarar algunas dudas acerca de la estructura financiera.

Broglio aseguró que activistas de la organización se encargan de recopilar informaciones acerca de la contabilidad de empresas y de los ingresos de sus titulares, con el fin de convertirles en objetivo de sus peticiones de dinero, que son variables en función de su nivel financiero.

El capitán Durey complementó el dato ofrecido por su compañero al asegurar que en 2003 los ingresos de ETA estuvieron en torno a los 900.000 euros y que "entre el 90 y el 95 por ciento" de ellos procedieron del "impuesto revolucionario" exigido en forma de extorsión a empresarios.

El policía indicó que la táctica de ETA consiste en enviar una primera carta al empresario susceptible de ser extorsionado y pedirle una cifra que oscila entre los 15.000 y los 200.000 euros, según los casos.

Si no obtiene el dinero, la banda remite una segunda carta en el que da un plazo de un mes para hacer el pago y, en caso contrario, advierte al empresario de que puede convertirse en objetivo potencial de ETA. Si tampoco hay pago, la tercera carta subraya de manera explícita la amenaza, consistente en declarar al empresario objetivo concreto de una acción terrorista.

Durey dijo que los pagos se suelen hacer en territorio español a través de un intermediario vinculado a la izquierda abertzale o bien en territorio francés a través de activistas clandestinos del aparato de recaudación, denominado "Gezi".

Este segundo caso es el que ocupa al tribunal parisino, ya que Alberdi, Saez de Eguilaz y Goiricelaya fueron detenidos con 72.000 euros, procedentes de un pago por parte de un empresario con intereses en el sector naval.

A través de una carta que su abogado ha enviado al tribunal, el hombre de negocios ha pedido no comparecer en el juicio, debido a sus responsabilidades al frente de una empresa con un millar de empleados y al temor a que su nombre o imagen salgan en los medios de comunicación.

En la carta enviada a la presidenta del tribunal, Janine Drai, el empresario asegura que el Gobierno vasco le concedió en enero de 2004 una escolta de dos agentes, dado su temor a ser atacado por ETA, a pesar de haber pagado.

El motivo es que en documentos incautados a dirigentes etarras se aludía a la detención de Dax y se ponía en relación con un eventual aviso del empresario a la Policía, lo que abría la puerta a posibles represalias.

Los tres acusados negaron hoy su vinculación con los hechos que se les imputan y optaron por no hacer más declaraciones.

Sólo Alberdi tomó la palabra para criticar al tribunal, del que dijo que le recordaba a los de "Orden Público franquista" y agregó que ETA "ha dado signos de buena voluntad para poner fin" al conflicto, "pero los Gobiernos español y francés quieren continuar la guerra".

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