España

Loma Colmenar El runrún que zarandeó el Gobierno de Ceuta

  • Dos consejeras investigadas por la adjudicación irregular de VPO dimiten

  • La oposición amenaza con impugnar a sus sustitutos, no electos

Un runrún estaba en la calle, un comentario extendido pero que no terminaba de cuajar en una denuncia formal. Las sospechas de corrupción sobre el sistema de adjudicación de viviendas públicas en Ceuta venían de lejos, pero no estallaron hasta el verano de 2015. La publicación una lista fantasma de adjudicatarios de una promoción de 317 viviendas en Loma Colmenar ha derivado en las últimas dos semanas en un terremoto político en Ceuta, con un ex viceconsejero en prisión, dos consejeras que han dimitido, un líder de la oposición investigado y la amenaza de varios partidos de impugnar en los tribunales los nombramientos hechos por el Gobierno de consejeros no electos. Amén de la petición de responsabilidades políticas al presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, que se ha enfrentado a su mayor crisis de gobierno. "Estamos viviendo unos momentos muy difíciles", ha llegado a admitir en rueda de prensa, "pero estoy convencido de que vamos a levantar el vuelo".

El propio Vivas reconoce que le habían llegado los comentarios sobre el posible fraude. "Cuando he oído ese runrún siempre he dicho lo mismo: al juzgado con pruebas y todo nuestro apoyo". Finalmente fue el propio Gobierno ceutí el que llevó ante los tribunales la lista de adjudicatarios de viviendas protegidas aparecida en un medio de comunicación cuando el proceso oficial de adjudicación de las mismas no se había producido aún; algunas personas incluidas en ella habían sido incluso llamadas para recoger las llaves de su casa. El Ejecutivo mantenía que esa lista no era oficial y el ex viceconsejero de Vivienda Antonio López, al que se acusaba de filtrar la lista en represalia por haber sido dejado fuera de la candidatura en las elecciones de 2015, aseguraba que el listado era conocido por miembros del Gobierno e incluso de la oposición. La encargada de anunciar que el Ejecutivo ponía el caso en manos de los tribunales fue la entonces presidenta en funciones de la empresa de la vivienda (Emvicesa), Susana Román, precisamente una de las dos consejeras detenidas, junto a otras 22 personas, por una causa en la que se investigan los delitos de prevaricación, malversación, falsedad documental, pertenencia a organización criminal y cohecho.

El caso Emvicesa suma ya 24 detenidos, cuatro de ellos en prisión sin fianza

Román, consejera de Economía, y Rabea Mohamed, titular de Educación, fueron detenidas el pasado día 14 junto al líder de Caballas, Mohamed Alí. Todos ellos fueron puestos en libertad con cargos, mientras que Antonio López era enviado a prisión sin fianza. Bajo secreto de sumario, la juez investigaba ya no solo el caso de las 317 viviendas, sino también las adjudicaciones anteriores, en las que habían estado implicados Román como presidenta de la Comisión de Vivienda y Mohamed y Alí como parte de la misma.

A partir de ahí, los hechos se han sucedido en una semana de tensión. PSOE, Movimiento por la dignidad y la Ciudadanía (MDyC) y Ciudadanos reclamaban a Vivas la destitución de sus dos consejeras, que habían presentado una dimisión que no les fue admitida. También se exigían responsabilidades a Mohamed Alí. Juan Jesús Vivas acudía a Madrid para debatir la situación con la Ejecutiva nacional y a su vuelta de esa conversación con el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, se anunciaba la dimisión de ambas. El presidente ceutí asegura no obstante que el partido no le ha pedido en ningún momento el cese de las dos investigadas.

Caballas, por su parte, ha decidido esperar a que se levante el secreto de sumario para decidir sobre el futuro de su portavoz en la Asamblea, una figura de "importancia capital" para el partido, cuya "desaparición de la primera línea de actividad supondría un daño tremendo para este proyecto político".

Pero la salida de las dos consejeras del Gobierno no supone el fin de la tormenta política. En primer lugar, porque como expone el secretario general del PSOE de Ceuta, Manuel Hernández, "esto va mucho más allá, hay que ir hacia arriba y pedir responsabilidades políticas a quien nombra a los consejeros y controla el trabajo". Es decir, a Vivas, quien ya ha respondido a la oposición asegurando que no se plantea dimitir. No es la primera vez que los socialistas le reclaman la dimisión en un caso similar a este: en 2014 también lo hicieron después de que el consejero y el viceconsejero de Festejos dimitieran por un proceso de contratación irregular, algo por lo que posteriormente fueron condenados.

Pero en un segundo término, otro frente amenaza la estabilidad del recién recompuesto Gobierno ceutí. Vivas ha nombrado para sustituir a las consejeras salientes a dos consejeros no electos: Kissy Chandiramani para Economía y Javier Celaya en Educación. Y los grupos de PSOE, MDyC y C's están estudiando esos nombramientos por considerar que hay dudas sobre la legalidad de los mismos y no descartan emprender acciones legales contra ellos. De hecho, el nombramiento de cargos no electos ya fue llevado a los tribunales por UGT, un contencioso que no prosperó por motivos formales, no de fondo.

La dimisión de las también diputadas lleva a la Asamblea a Francisco Albiñana y Fátima Mohamed. Emilio Carreira sustituirá en la portavocía parlamentaria a Susana Román. Por otra parte, está pendiente la reapertura de la comisión de investigación que fue aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos y que quedó en suspenso cuando fue decretado el secreto de sumario. Según fuentes del Ejecutivo, será retomada cuando la juez levante el secreto de las actuaciones.

Por ahora, esas actuaciones han llevado a la detención de 24 personas, cuatro de las cuales están en prisión sin fianza y otra ha sido enviada a prisión eludible con fianza. Además de los cargos políticos, entre los detenidos hay según fuentes de la investigación, cinco trabajadores de Emvicesa, un policía portuario, un trabajador de una compañía naviera y otro empleado de una empresa municipal de fomento, estos tres últimos en prisión. En una segunda tanda de arrestos, los agentes de la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado (Udyco) habrían detenido a diez personas como sospechosos de haber pagado comisiones para ser adjudicatarios de una vivienda pública o, al menos, de tener compromisos por los que la empresa municipal de la vivienda prometía otorgar una casa en la siguiente promoción de viviendas protegidas. La operación sigue abierta y el caso Emvicesa promete seguir dando titulares. Judiciales y políticos.

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