El ex consejero madrileño Francisco Granados aportó ayer al juez del caso Púnica unas facturas de la Consejería de Justicia cuando la presidía Alfredo Prada (2003-2008) que, según dijo, podrían ser falsas y haber servido para pagar gastos electorales del PP.

Según relataron a Efe fuentes presentes en su declaración, Granados declaró al juez que ha encontrado las facturas en su casa y les ha dado ahora importancia porque le extrañan los conceptos que recogen, y que cree que con ese dinero se pagaron gastos de publicidad electoral.

El ex dirigente popular comparece por tercera vez a petición propia ante García Castellón

Granados, que sustituyó a Prada al frente de la Consejería de Justicia, compareció por tercera vez a petición propia ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón y aportó por primera vez documentación, cuando en su declaración del 12 de febrero dijo que no la tenía: "Yo entro y salgo de los sitios con lo puesto", dijo a los periodistas. Su casa fue registrada por la Guardia Civil en 2014.

Las facturas que entregó ayer se corresponden a convenios firmados entre la Consejería de Justicia y la asociación Ginso, dedicada a la reinserción de menores y que gestionaba centros de la Comunidad, para elaborar estudios sobre menores y delincuencia. En concreto, se trata de estudios que luego Ginso encargó a una empresa del ex presidente de Telemadrid Álvaro Renedo y del periodista fallecido de este canal Germán Yanke, cuando, según sostuvo ayer Granados, ninguno de los dos tenía conocimientos sobre esa materia. Por eso, explicó que a su juicio los conceptos de las facturas serían falsos y habrían servido para encubrir gastos de campaña.

En la línea de sus anteriores declaraciones, sostuvo que en la Comunidad de Madrid no se hacía nada sin la supervisión de los ex presidentes Esperanza Aguirre e Ignacio González. Aguirre, agregó, no tenía una buena relación con Mariano Rajoy, por lo que insistió en que de lo que ocurría en el PP de Madrid no se enteraba el partido a nivel nacional.

Granados, que estuvo en prisión dos años y medio por la Púnica, declaró al salir de la Audiencia Nacional que está dispuesto a "aclarar hasta las últimas consecuencias lo que se ha venido a mal llamar la trama Púnica".