Hoy se cumplen dos años de la activación en España de la alerta 4 antiterrorista, un periodo en el que las fuerzas de seguridad han detenido a 173 presuntos yihadistas y, sobre todo, han mantenido un alto nivel de exigencia y tensión en su labor disuasoria, preventiva y de reacción. De ellos, "el 95% está en prisión", según afirmó ayer el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, lo que demuestra, en su opinión, que "el Gobierno de España, sobre todo, dando la confianza a los expertos en la lucha antiterrorista de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y del CNI, está respondiendo en la forma en la que la sociedad española necesita, llevando a cabo detenciones antes de que se cometan atentados".

El titular del Interior, en declaraciones a los periodistas en Moguer (Huelva) adonde se desplazó por el incendio forestal que amenaza a Doñana, señaló que desde el Gobierno siempre se ha mantenido que "el riesgo cero o la seguridad absoluta no existe". "Pero sí es verdad que estamos trabajando de la mano de los profesionales, con mucho rigor y seriedad, para plantear dispositivos que eviten que se puedan cometer atentados", apuntó.

Los expertos en la lucha antiterrorista señalan la necesidad de mejorar la coordinación

De todos modos, como dicen a Efe fuentes de la lucha antiterrorista, son muy pocos los casos detectados de detenidos que estuvieran preparados para pasar a la acción. Al contrario que en Francia o Marruecos, por ejemplo, en España no se han descubierto armas, explosivos ni planes directos de acción.

La labor policial y judicial no ha cesado, con centenares de pesquisas abiertas y de personas investigadas y con el ojo puesto también en los combatientes españoles que han viajado a zonas de conflicto, cuyo número se mantiene en torno a los 200, muy por debajo de los países de nuestro entorno.

España, objetivo de los yihadistas por su doble condición de país occidental y por la reivindicación histórica de Al Andalus, ha seguido manteniendo el nivel de alerta cuatro -de una escala de cinco- porque no ha detectado circunstancias para rebajarlo. "Sería un suicidio hacerlo", avisa un mando de la lucha antiterrorista.

Pero en las evaluaciones semanales de la amenaza tampoco se ha constatado la necesidad de elevarlo a pesar de los graves atentados que en estos dos años han sacudido Francia, Reino Unido, Bélgica o Alemania, amén de los ocurridos fuera de las fronteras europeas.

Los expertos consultados valoran los resultados obtenidos, pero no eluden hablar de algunos problemas de coordinación en la lucha antiterrorista. Reconocen estas fuentes que la descoordinación en el el reciente caso de la detención en Madrid de tres yihadistas puso en peligro una operación de más dimensión.

"Lamentablemente están sucediendo estas cosas porque órganos de coordinación como el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) no funcionan", subraya una fuente, que pide a este organismo que imponga su autoridad para evitar esas situaciones que, en su opinión, se repiten más de lo deseado.

"Que alguien tome cartas en el asunto", añade otro experto, quien en aras de la credibilidad de las actuaciones en materia antiterrorista exige que los órganos de coordinación funcionen y que se evite la "incoherencia institucional" de los mensajes que se trasmiten desde Interior y desde la Audiencia Nacional.

Y pone como ejemplo el último presunto yihadista enviado a la cárcel, Rachid El Omari, porque mientras el juez asegura que estaba en vías de planear un atentado en Madrid, las autoridades de Interior afirmaron que no disponían de "ningún dato" que permitiera deducir que pudiera esta planeando "atentar ahora".