Amnistía Internacional (AI) avaló ayer la ley vasca de víctimas policiales, recurrida por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional (TC), y pidió al Ejecutivo de Mariano Rajoy que reconozca que hubo casos de torturas generalizadas en determinadas épocas y cumpla con su "obligación" de investigar y reparar a los afectados.

El director de AI de España, Esteban Beltrán, se reunió ayer en Vitoria con el lehendakari, Íñigo Urkullu, para entregarle un documento que ha elaborado esta organización con el título País Vasco: Informe de Amnistía Internacional sobre el derecho a la verdad, justicia y reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos, como la tortura.

Este informe ha sido redactado a raíz del recurso ante el TC que presentó el Gobierno contra la Ley de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia política en la Comunidad Autónoma Vasca entre 1978 y 1999, que ha supuesto la suspensión temporal de varios de sus artículos.

El documento también ha sido remitido al ministro de Justicia, Rafael Catalá, con quien los responsables de AI quieren reunirse para transmitirle la obligación del Estado, según el derecho internacional, de investigar los casos de tortura y reparar a las víctimas.

Beltrán culpa al Gobierno de no acometer una investigación exhaustiva sobre estos casos, a pesar de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, según recordó, ha condenado a España en siete ocasiones por su falta de investigación en estos casos. También reclamó al Gobierno que no obstaculice iniciativas autonómicas, como la citada ley vasca, que intente reparar a las víctimas.

Beltrán expuso que entre 1960 y 2015 únicamente ha habido 19 sentencias sobre torturas, que afectaban a 31 personas, contra 62 agentes, de los que 27 han sido indultados.