"Sector agrario en caída libre". Ésta es la conclusión de la organización agraria COAG tras analizar la evolución de la renta del agro español entre 1990 y 2008 en términos reales -eliminando la distorsión de la inflación, lo que permite comparar directamente las magnitudes de cada año-. La renta agraria española se ha desplomado en los últimos veinte años casi un 17%, según los datos del Ministerio de Agricultura citados en el Anuario Agrario 2009 de COAG. Mientras que en 1990 ascendió a 13.765 millones de euros, el valor de la renta agraria de 2008 a precios de 1990 -una vez rectificado el efecto de la inflación- fue 11.463,3 millones de euros, unos 2.300 millones menos que en 1990.

Un dato que refleja los efectos de este desplome es el del empleo. En el mismo periodo, el agro ha perdido uno de cada cuatro trabajadores a tiempo completo, que han pasado de casi 1,3 millones a apenas 945.700, según la misma fuente.

El año pasado fue nefasto para la agricultura española. En términos reales, la renta cayó un 7,6% respecto al ejercicio anterior, y fue un 8,7% inferior a la media registrada entre 2004-2008. A pesar de que 2008 fue un buen año climatológicamente, el agro sufrió los embates de la alta volatilidad de las cotizaciones de las materias primas agrícolas, cuyos precios se derrumbaron en la segunda mitad del ejercicio tras los máximos registrados durante el verano. A este lastre hubo que sumar los incrementos de los costes de producción en más de 2.610 millones de euros, "debido a la escalada de los precios de los fertilizantes con un sobrecoste de 711 millones de euros, gasóleo -260 millones de euros más, y piensos -1.639 millones más-", según el anuario de la organización.

En la presentación del informe, el secretario general de COAG, Miguel López, incidió ayer en que la causa de este retroceso se encuentra "en el desprecio permante de Europa a la producción agraria y a la sobreanía alimentaria". "Estoy preocupado porque Europa nos está dejando pelados en un marco de recortes permanentes", insistió López, que criticó que Bruselas utilice a la agricultura "como moneda de cambio para abrir nuevos mercados con el fin de firmar acuerdos preferenciales". El secretario general de COAG también puso el acento "en las políticas liberalizadoras", que se han traducido a su juicio en la presión de las cadenas de distribución a los agricultores para recortar los precios en origen. Miguel López concluyó que la Política Agraria Común "debe convertirse en una cuestión de estado" para el Gobierno español.

La consejera de Agricultura, Clara Aguilera, reconoció que el sector ha sufrido en la última década "la mayor reconversión" de la economía española, "con poco ruido y dinero en comparación con otras reconversiones". Aguilera admitió que no le "gustó" la reforma de la Política Agraria Común en 2003, y subrayó que la Junta va a presionar al Gobierno central para que durante la Presidencia española de la UE, en el primer semestre, se impulse "los primeros informes" de cara a la próxima reforma de la PAC en 2013.