Economía

Una decisión que no deja contento a nadie

  • La propietaria de la central, Nuclenor, y Greenpeace se plantean ir a los tribunales

La decisión de prorrogar la actividad de la central de Garoña hasta 2013 ha estado precedida de una polémica política y social, incluso en el Gobierno y en el PSOE, donde la voz no ha sido unánime, aunque no ha servido para abrir un verdadero debate sobre la energía nuclear en España. El cierre de Garoña no supone ningún problema para la red eléctrica, ya que la planta, de 466 megavatios, es la más pequeña de los ocho reactores que existen en España y sólo produce el 1,3% de la electricidad del país. Pero Garoña es todo un símbolo. La decisión del Gobierno, que casi ha agotado casi el tiempo que tenía para hacerla pública, no ha contentado ni a las organizaciones ecologistas, que pedían el cierre inmediato, ni a Nuclenor, propietaria de Garoña, ni a sus trabajadores, que habían solicitado una prórroga de diez años.

Ya lo había vaticinado el propio Zapatero en una entrevista concedida a Radio Nacional de España antes del anuncio oficial. "Será criticada desde ambos lados", manifestó el presidente del Gobierno, que no obstante defendió que la decisión es "razonable y razonada". El tema es delicado para el Ejecutivo, ya que el programa electoral del PSOE incluía la clausura de la central nuclear. De hecho, los socialistas se comprometieron a ir cerrando todas las centrales nucleares de España según fuesen llegando al final de sus vidas útiles. Así se lo recriminó ayer el presidente de Greenpeace España, Juan López Ugalde. "Si permanece abierta, el Gobierno estará incumpliendo su programa electoral", afirmó López Ugalde, que indicó que Greenpeace se plantea recurrir la decisión a los tribunales "porque es una decisión absurda".

Con fines opuestos, Nuclenor -propiedad de Endesa e Iberdrola- también anunció "cuantas acciones legales puedan corresponder" para defender los "derechos e intereses legítimos de todas las partes afectadas" por el cierre. El Foro Nuclear calificó la medida de "manifiesta irresponsabilidad", y el presidente del PP, Mariano Rajoy, incidió en que se trata de un "error" y se comprometió a revocar la decisión si llega al Gobierno.

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