Las comunidades gobernadas por el PP piden la prórroga de los presupuestos del Estado

  • Aseguran que no dará tiempo a aprobar las cuentas de 2012 y exigen al Gobierno "responsabilidad"

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Las comunidades autónomas gobernadas por el PP han reclamado al Gobierno que "por responsabilidad" apruebe un decreto de prórroga de los presupuestos generales del Estado de 2011 porque, en su opinión, no dará tiempo a aprobar las cuentas para 2012 antes de que finalice este año. Los responsables de Economía de las regiones gobernadas por el PP, reunidos en Logroño, han justificado esta petición al Ejecutivo central en que necesitan trabajar en sus propios presupuestos con la base de unas cuentas nacionales.

Los consejeros de Economía de nueve de las once comunidades gobernadas por los populares han analizado hoy diferentes cuestiones económicas, entre ellas las medidas de ajuste adoptadas por sus Ejecutivos autonómicos y que "ya no dan más de sí", ha opinado la consejera riojana, Concepción Arruga, que ha actuado como portavoz. Arruga ha llamado la atención sobre la "incertidumbre" con la que los gobiernos autonómicos trabajan en sus presupuestos para 2012, ya que no disponen de una previsión ajustada de las cantidades a cuenta que recibirán del Estado el año próximo.

Junto a la consejera riojana, han acudido a esta reunión los responsables de Economía de las comunidades autónomas de Galicia, Castilla y León, Extremadura, Aragón, Cantabria, Madrid, Murcia y Valencia. No han asistido a la reunión los consejeros de Baleares, al encontrarse en una reunión con la ministra de Economía, Elena Salgado, y de Castilla La Mancha, debido a una comparecencia parlamentaria.

Actualmente, ha precisado Arruga, cuentan con una previsión del Estado de un incremento de ingresos fiscales del 1,3% en este ejercicio y un 2,4% en 2012, que los consejeros del PP no consideran creíble y que, si se aplicara, obligaría a las comunidades a devolver diferentes cantidades al Estado. Esa situación supondría "un problema adicional para las comunidades" en el futuro, especialmente "si nos dan una información falsa, como en 2008 y 2009" y, por eso, "estamos en un momento de indefinición e inseguridad".

"El Estado pide confianza y para eso debe ser el primero en dar seguridad a las comunidades", ha dicho Arruga, quien ha insistido en que las previsiones de ingresos fiscales del Estado (con un aumento del 2,4% en 2012) pueden provocar "una burbuja fiscal" al "presupuestar con ingresos que no son reales", algo que ha comparado con hacer trampas haciendo un solitario.

La consejera ha recordado que las comunidades autónomas deben devolver al Estado diferentes cantidades en base a las entregas a cuenta de anteriores ejercicios, por lo que ya se pidió al Gobierno que asumiera su error y permitiera "devolver ese dinero en 10 años" ya que, si como está marcado, deben hacerlo en cinco "se crearía otro cuello de botellas en las comunidades". Arruga ha subrayado el "compromiso firme con la estabilidad presupuestaria" de las comunidades autónomas gobernadas por el PP y ha reprochado al Gobierno que haya "demonizado" a las regiones "cuando más del 80% del déficit corresponde al Estado".

En esta línea, estas comunidades esperan que el próximo Gobierno de España "sea sensible con los problemas de liquidez generados por una mala gestión del PSOE" en alusión a "entregas a cuenta mal calculadas". Arruga ha afirmado que los consejeros no han analizado la posible recuperación del impuesto de patrimonio "porque no nos va a suponer ni un céntimo más, solo se ha planteado para una mayor recaudación para el Estado" aunque "ahora no hay ni un borrador". Sí ha admitido la posibilidad de una revisión fiscal general porque "estamos en la línea de replantearnos todo", ha dicho Arruga.

"Las comunidades del PP no negamos la crisis y desde 2007 hemos tomado medidas, pero llega un momento en que las medidas de ajuste ya no dan más de sí", ha agregado. Además, ha criticado, mientras se adoptaban medidas para combatir la crisis "se ha producido una deslealtad del Estado" con diferentes cambios en la legislación básica de educación, salud o servicios sociales, "donde se han establecido nuevas obligaciones y servicios sin una adecuada financiación", ha concluido Arruga.

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